La tendencia autocrática y personalista de Nicolás Maduro, real o producto de la imitación al extinto presidente Chávez, sólo le ha permitido iniciar su gestión con un aparente apego a la legalidad del país, después que el CNE lo proclamó ganador en unas elecciones cuestionadas por la oposición, y le otorgó el derecho a ejercer funciones de gobierno. En la medida que considera que pierde esas facultades, comenzó a restringir los derechos de la oposición hasta llegar una represión sin precedentes en el país, ordenando la detención del líder fundamental de Voluntad Popular, Leopoldo López, y de los alcaldes Antonio Ledezma, Ceballos y Scarano –este último hoy en libertad después de cumplir una condena arbitraria e ilegal- y hasta ha terminado persiguiendo a quienes le apoyaron para ascender al poder, si tratan de disentir de algunas de sus decisiones unilaterales.
La represión en el ejercicio del poder rompe las reglas que caracterizan a un régimen democrático, de una forma abrupta y violenta o con aprobación de una legislación especial que le ha permitido gobernar sin impedimento alguno, sin descartar la violación de la legislación vigente.
En una época como la actual, en la que las naciones democráticas han creado organizaciones multinacionales y han hecho aprobar una legislación respetuosa de los derechos humanos y de las instituciones y poderes públicos independientes, el camino hacia la tiranía se dificulta y obliga a los autócratas a preservar cierta apariencia de legalidad. De allí la condena, por parte del gobierno de los Estados Unidos, de 7 altos funcionarios del gobierno venezolano, acusados de violar los Derechos Humanos de centenares de ciudadanos detenidos y torturados en las sedes de los cuerpos policiales.
La crisis política, económica y social que atraviesa el país requiere que el gobierno ponga en práctica un diálogo sincero, que comience con la libertad de los presos políticos, porque la represión policial y la intervención de los grupos paramilitares afectos al régimen, fotografiados por miles de personas que asisten a las marchas y por los organismos de inteligencia civiles y militares, no puede conducir a una solución a corto plazo, y si se prolonga las consecuencias son impredecibles, pero de ninguna manera convenientes para la estabilidad del régimen.
El repudio a los colectivos armados por el gobierno con armas de guerra, violando el texto constitucional que establece que las armas de guerra sólo las pueden tener y portar los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ha colocado la vida de la nación en una seria encrucijada, porque dichos colectivos son considerados por altos representantes del gobierno, como el baluarte que garantiza la revolución socialista y bolivariana. ¿Quién garantiza la vida de los venezolanos, la soberanía nacional y el orden público nacional, si estos grupos paramilitares son utilizados para reprimir y asesinar a estudiantes y ciudadanos pacíficos que manifiestan contra algunas políticas gubernamentales? La respuesta debería estar en manos o en poder de las autoridades nacionales, pero si el Poder Ejecutivo controla a los demás Poderes Públicos y, además, arma grupos paramilitares represivos y criminales, el pueblo queda indefenso, porque ante la actuación de esos grupos la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional también denominada Bolivariana, se hacen la vista gorda, es decir, no protegen a la población desarmada.
Crisis mayor por su gravedad y repercusión nacional e internacional no se ha conocido en la historia contemporánea del país. Si no es posible establecer un diálogo sincero, patriótico, de interés venezolano, el futuro es incierto.
