Los 15 civiles arrestados la semana pasada tras la protesta en El Cardenalito, fueron liberados bajo régimen de presentación, informaron los abogados Manuel Virgüez y Pedro Troconis.
Los defensores cuestionaron la actuación de las autoridades en las últimas aprehensiones, donde tres jóvenes resultaron agredidos en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, ubicados en Pata e’ Palo.
“Pudimos detectar tratos inhumanos y degradantes contra tres detenidos”, aseveró el consultor jurídico de Funpaz, Manuel Virgüez.
Familiares denunciaron que los maltratos fueron ocasionados por funcionarios de la GNB y PNB.
Según el coordinador regional del Foro Penal Venezolano, Pedro Troconis, los cuerpos de seguridad ventilaron una “conducta criminal intencional” para replegar las manifestaciones.
“Una vez más, los funcionarios utilizaron armas de fuego y no sólo con municiones comunes. Utilizaron objetos que causan daños mayores a los perdigones, como las metras.
Por eso un menor de edad sigue recluido en el hospital”, dijo, al referirse al joven de 15 años que permanece en el Hcamp y quedó bajo libertad condicional.
Lo sucedido con el menor de edad, el pasado 24 de julio, se “encuadra en un homicidio intencional en grado de frustración”. Es decir que el agresor no quedaría exento de una imputación.
“El uso de armas en protestas está prohibido en la Constitución. Las fuerzas de seguridad pudieran ocasionar la muerte”, advirtió Troconis.
Los asesores legales señalaron que la posición de las instituciones públicas frente a las manifestaciones pone en evidencia la “política de criminalización de la disidencia”.
Entre febrero y julio de este año se practicaron 334 detenciones durante manifestaciones en Lara, apuntó el consultor jurídico de Funpaz.
En Venezuela se han registrado 3.238 detenciones entre febrero y julio, de acuerdo con cifras del Foro Penal Venezolano.
Acompañan a las víctimas
Virgüez agregó que Funpaz y el Foro Penal Venezolano procesan varias denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad que agredieron o amenazaron a varios estudiantes arrestados.
Además del acompañamiento legal a las víctimas, no descartan que aparezcan pruebas de la mala actuación de esos organismos del Estado.
Pronto, Funpaz y el Foro Penal tienen previsto organizar nuevos talleres y asambleas con la sociedad civil para definir los límites de las manifestaciones.
Los especialistas consideran que las protestas podrían repetirse en rechazo a la situación del país, la falta de oportunidades para los jóvenes y el deterioro de los servicios.
72 personas, en su mayoría estudiantes, siguen privados de libertad por manifestar.
Según cálculos de diferentes organizaciones, en Venezuela se generan 35 protestas diarias.
