El tesoro escondido de Yacambú no aparece
“Yacambú es la obra más importante para las actuales generaciones del estado Lara”.
Eso lo dijo el entonces presidente Rafael Caldera, en noviembre de 1971, en el salón Riera Aguinagalde del Palacio de Gobierno.
Prácticamente fue el arranque oficial para esa monumental obra hidráulica, aún inconclusa, que es la presa y sistema de riego de Yacambú.
Pero muchos años antes, en 1768, ya se hablaba de la necesidad de construir una represa o laguna para garantizar el riego del Valle de Quíbor.
En su obra, Historia colonial de El Tocuyo, la doctora Ermila Troconis de Veracochea, cita un informe enviado ese año al Rey de España en el que se plasmaba la idea para solucionar el problema de la falta de agua para el ganado y agricultura del valle.
“De hacerse la laguna o represa puede regarse entonces más de la mitad del valle con el agua de la laguna y quedar el agua para regarse el resto de él, con la comodidad de que si no se necesita esta agua, puede estar corriendo dicha acequia en la laguna y de esta forma no habrá riego que se disminuya, con cuya providencia de agua será segura, no padecían escasez los animales y se multiplicarán en gran manera y se cogerán muchos abundantes frutos de todas calidades”.
La doctora Troconis de Veracochea cita a Agustín Pérez Hurtado como autor del informe.
En aquel entonces no se emprendió la obra por falta de recursos ya que “los vecinos se encuentran en un estado de pobreza, no pudiendo, por lo tanto, contribuir a la construcción de la represa, que sería la solución para la escasez de agua en Quíbor”.
Fue a instancias de la directiva de la empresal Central Tocuyo, encabezada por los hermanos J. R. y Crispiniano Colmenares Peraza, Tirso Lozada, Pedro Elías Sequera y Genaro García, que se dio fuerza a la idea, contratando los servicios del ingeniero José María Ochoa Pile para evaluar el proyecto.
Ochoa Pile, en 1963, pronunció un discurso en la sede de los organismos económicos de Lara en el que lanzó lo que llamó, “El grito de la sed”.
De allí en adelante se constituyeron comités y asociaciones destinadas a promover el proyecto a nivel regional y nacional, llegando hasta la Presidencia de la República, en 1947 con Rómulo Betancourt, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, 1968, Raúl Leoni y Rafael Caldera. Este último siempre manifestósu interés por la obra.
El 19 de julio de 1964, los concejos municipales de los entonces distritos Iribarren, Torres, Morán, Palavecino, Crespo, Jiménez y Urdaneta, durante una convención en El Tocuyo, suscriben un acuerdo aplaudiendo la iniciativa del Gobierno Nacional, a través del MOP, de abrir una oficina destinada a fomentar el aprovechamiernto de los recursos hidráulicos de la entidad.
El ingeniero Ochoa Pile estaba siempre al frente de todas las campañas de promoción de la obra.
En mayo de 1971, dice, “al otro lado de las montañas de Sanare está el remedio para el freno de la actividad agrícola y de una sed de más de cuatrocientros años: está la garganta del Yacambú, un torrente de soledad donde la naturaleza puso un sitio de presa que reclama del hombre el toque final para atajar las aguas de una vertiente que produce 12 mil litros por segundo, dos veces el caudal regulado del río Tocuyo”.
No fue hasta 1973 cuando el Ministerio de Obras Públicas contrató el inicio de la ejecución del proyecto, consistente en una ventana inclinada de 440 metros, vías de acceso y el portal de salida.
La apertura del túnel se inició dos años después con un consorcio integrado por empresas nacionales y de otros países, aunque hubo retrasos en las obras y el contrato fue rescindido.
Posteriormente el proyecto quedó a cargo del Ministerio del Ambiente, que en 1977 licitó la presa y obras conexas, pero también hubo problemas y en abril de 1982 la constructora se retiró . Sólo había construido el 45% de la obra.
Un nuevo consorcio fue contratado en 1978 para el túnel de trasvase, pero también declinó y abandonó en diciembre de 1979, decisión que llevó a la Procuraduría a demandar, proceso que duró diez años, hasta firmarse un acuerdo entre las partes.
Nuevo contrato en la década de los 80, con mejores resultados gracias a cambios en los métodos de construcción utilizados hasta entonces. El Gobierno Nacional, en 1989, decidió darle un impulso definitivo a la obra y el 20 de septiembre crea la empresa Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, con el 91,6% de capital accionario del Ministerio del Ambiente y 8,4% de la Gobernación. Su primer presidente fue el ingeniero Miguel Nucete, quien estuvo diez años en el cargo.
El ingeniero Nucete considera positiva su gestión.
“Nosotros dejamos construido el 90 % de la presa, 100 % las excavaciones de descargas de fondo, 100 % de la berma estabilizante y el 30 % del aliviadero, en lo que respecta a las obras de regulación del túnel de trasvase.
Con respecto al túnel, de los 26.340 metros se habían perforado 15.389 para 1999 un 63,61 %.
Recuerda que todos los expertos, nacionales y extranjeros, al referirse al túnel, recomendaban fortalecerlo en varios sitios, pero no se hizo y ahora, seis años y medio después, se están viendo las consecuencias como son los derrumbes que, de acuerdo a informaciones extraoficiales, se han registrado.
Igualmente refiere que esa es una obra con riesgos, lógicamente por la Falla de Boconó, de allí la necesidad de esos refuerzos para evitar problemas que, si se presentan, para eso está la ventana inclinada.
Para el doctor Nucete, el haber colocado una membrana en los sitios riesgosos fue un error de alguien no especialista en la materia. “El túnel requiere un revestimiento resistente, que soporte las grandes presiones que allí se generan. Eso no se resuelve con una simple membrana”, afirma.
En la actualidad la obra se encuentra paralizada, como lo denuncian quienes han sido sus trabajadores, pese a los anuncios de ingresos aportados para su continuación, lo cual se contradice con lo ocurrido en agosto del 2013, cuando el ingeniero Jorge González, presidente de la oficialista Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (Enmohca), anunció la suspensión de actividades, argumentando que “la falta de disponibilidad financiera y presupuestaria que ha manifestado SHYQ, hace imposible que Enmohca asuma esas responsabilidades con los trabajadores, así como con el suministro de insumos mínimos que la obra requiere, tales como maquinarias, equipos y trabajadores con sus correspondientes implementos de seguridad”.
Hasta diciembre de 2007 se habían invertido 610 millones de dólares y el costo total se calculaba en más de dos mil millones. Para el 2010 se esperaban 527.687.800 dólares
El 20 de mayo del 2010, el ingeniero Landys Navarro, presidente del SHYQ, durante una visita con periodistas al túnel, dijo que sólo se habían detectado situaciones críticas en apenas 1.200 metros de los más de 25 kilómetros del mismo y anunció para el inicio del 2012 el llenado de la presa.
El entonces candidato a la reelección presidencial, Hugo Chávez, también lo anunció para enero de ese año.
En el 2012, las emisoras oficiales citaron al presidente Chávez expresando: “Ya el túnel está listo, sólo lo están revistiendo porque por allí pasa una falla geológica, entonces hay que encamisarlo. Ya comenzamos con una empresa brasileña a construir el sistema de riego del Valle de Quíbor, cuando llegue el agua en el 2014, en el segundo semestre, debemos abrir el chorro de la represa de Yacambú para para regar el Valle de Quíbor”. Tampoco ocurrió.
Recientemente Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara, prometió gestionar ante el Gobierno Nacional una nueva partida para garantizar la reanudación de los trabajos, actualmente paralizados en 100 %, según denuncias de los trabajadores.
Por parte de SHYQ, desde hace meses no hay información alguna, supuestamente por carecer de autorización por parte del Ministerio de Ambiente.
Obligados a salir
Cerca de quinientas familias campesinas de la cuenca del río Yacambú conforman la lista del Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor que deben abandonar las tierras que consideraban suyas para dar paso a los 435 millones de metros cúbicos de agua a almacenarse en las 852 hectáreas de la presa.
Para algunos de los agricultores, afortunadamente, esa mudanza obligada se está demorando por los problemas que afectan a la obra, aunque otros no pueden evadir el temor de tener que emigrar a lugares desconocidos y comenzar de nuevo.
Algunas familias, con el dinero recibido por sus pequeñas fincas, en su mayoría productoras de café y cambures, ya han emigrado, pero también han retornado por no sentirse a gusto en tierra extraña.
Cerro Pando, Los Higuerones, El Guamal, El Jobal, La Vega, Miracuy, Chamiza, Blanco, La Travesía, Guapa Abajo, Cerro Pando, Volcancito, Cerro Cojón, Guayabal y La Gran Parada desaparecen.
El 21 de julio de 2010, en un acto celebrado en Sanare, la empresa SHYQ entregó cheques a las que consideraron las últimas 276 de las 468 familias indemnizadas por sus tierras.
Les prometieron reubicación. Siguen esperando.
Denuncias sobre recursos dilapidados
Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional, conjuntamente con Filiberto Peña, del Consejo Legislativo de Lara y Lorenzo Monasterios, ex del parlamento regional, han mantenido una campaña permanente en pro de lo que para el Valle de Quíbor y toda la entidad, representa ese proyecto hidráulico.
Palacios considera necesario que así como lo hicieron quienes hace años abrieron los ojos de Venezuela sobre las inmensas posibilidades que representaban las aguas del río Yacambú, hoy deben hacerlo los pobladores de Sanare, El Tocuyo, Quíbor, Barquisimeto y poblaciones aledañas ante la posibilidad de quedarse sin suministro garantizado de agua.
“Creemos que los larenses en forma organizada, donde participen organizaciones de la sociedad, debemos constituir un frente de lucha para defender la continuación de la obra, lo cual pasa por la asignación de recursos y el cambio de la directiva actual, que es responsable de los graves hechos ocurridos en torno a la administración de los recursos asignados”.
También dirigentes campesinos, como Antonio García, “Ringo”, del Movimiento Indígena Yacambú, han insistido en solicitar investigaciones sobre lo que ocurre con el proyecto por considerar que no han faltado los recursos.
Además, estima que han sido los campesinos que durante años han trabajado las tierras aledañas a la presa, que han nacido y crecido allí, los más perjudicados pues “pretenden echarlos de sus predios sin hacerles pagos justos por los mismos, desconociendo el derecho que tienen de permanecer en la montaña donde siempre han vivido”.
