El Ministerio Público logró privativa de libertad para el mexicano Jair Lezama (36), la colombiana Aydee Uribe (54) y los venezolanos Franiel Portilla (22), Alexander Cáceres Uribe (30), y los hermanos Damelys y Edixon Ovalles, quienes fueron aprehendidos el 06 de diciembre en la capital del estado Barinas, por su presunta responsabilidad en la trata  de personas hacia Estados Unidos (EE.UU) con el fin de ser explotados laboralmente.

Durante la audiencia de presentación, las fiscales 1° y auxiliares de la referida jurisdicción, Obdulia Díaz, Zairi Olivar y Angélica Joves, respectivamente, imputaron a las seis personas por la presunta comisión de los delitos de inmigración ilícita, asociación para delinquir y estafa continuada, previstos y sancionados en Ley Orgánica Contrala Delincuenciay Financiamiento al Terrorismo y Código Penal.

En este sentido, el Tribunal 5° de Control del estado Barinas, con base en los elementos de convicción expuestos por las fiscales, dictó la medida privativa de libertad para Lezama, Portilla, Cáceres, Uribe  y los hermanos Ovalles y ordenó su reclusión enla Comandancia Generalde la policía regional.

De acuerdo con la investigación, estas seis personas, quienes son representantes de la empresa internacional Fary Construction, habrían colocado un aviso en la prensa regional y nacional en los que solicitaban personal de ambos sexos para laborar en diversas áreas de la construcción, así como jardineros, limpieza, mantenimiento, entre otros empleos.

Así, los representantes de la empresa alquilaron un salón de conferencia en un conocido hotel de la ciudad, donde acudieron las personas interesadas. Los hoy privados de libertad, les habrían prometido que comenzarían a laborar a partir de enero de 2013 en EE.UU, aunque en el eslogan de la promoción decía “Convocatoria 2013, proyecto México seguro”.

Las víctimas que ascenderían a 700, al parecer llenaban una planilla y debían entregar en efectivo 1. 400 bolívares con el fin de gestionar el pasaje, permisos para viajar y su estadía en EE.UU donde devengarían un salario mínimo de dos mil dólares, a través de la empresa internacional.

En virtud de que la oferta laboral causaba suspicacia, tres de las víctimas acudieron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para que determinaran la legalidad de la referida empresa.

Tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, los funcionarios del Sebin, lograron aprehender a los seis imputados, a quienes le incautaron dinero en efectivo y documentación que los relacionaban con las negociaciones de la referida empresa.

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