Firme y contundente ha sido la reacción de la comunidad de defensores de derechos humanos venezolana contra la agresión que sufrió este jueves el ex coordinador general de Provea, Marino Alvarado, y su hijo de 9 años.
Aunque señalan que ahora no hay pruebas para vincular directamente el secuestro y robo, con una orden gubernamental, la sombra de la duda esta sembrada en la campaña de odio que arreciaron desde hace meses el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, contra Provea y su fundador.
«Es pertinente determinar que la exposición permanente de una persona, acusándole públicamente (…), relatando sus acciones y desplazamientos, son elementos que le exponen de manera muy negativa en estas graves circunstancias de inseguridad y violencia que presenta el país», manifestó Cofavic en una comunicado emitido este viernes.
«No existen suficientes elementos para asociar estos hechos a las recurrentes descalificaciones que altos funcionarios realizaron, en medios públicos gubernamentales, contra Marino Alvarado. (pero) Tampoco se puede afirmar lo contrario», señala por otro lado un comunicado firmado por Espacio Público, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones, cuyo director Humberto Prado también ha sido objeto de amenazas por su trabajo, dejó claro que «aun cuando los hechos hayan sido producto de actuaciones de una presunta delincuencia común, queda de los órganos competentes realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial» sobre los hechos.
El Foro Por la Vida insistió en que esta investigación no puede detenerse en una autoría material, sino que debe profundizar en su autoría intelectual.
De igual modo esta coalición dejó claro que «hacemos responsables a las autoridades del Estado Venezolano por la protección de la integridad física y moral, vida y libertad de Marino Alvarado y su familia», señaló el comunicado.
Los hechos
De acuerdo con lo informado por Provea, pasadas las cinco de la tarde Marino Alvarado se disponía a entrar en su residencia junto con su hijo menor, cuando fue interceptado por tres sujetos armados con pistolas 9 mm, quienes los obligaron a entrar, los amarraron y sometieron. Al defensor de derechos humanos le dieron un golpe en la cabeza que ameritó sutura, luego cargaron con dos laptops, una tableta, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y una cámara fotográfica.
El ex coordinador de Provea formuló la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cuyos detectives realizaron las pesquisas pertinentes en el sitio. De acuerdo con la ong, en horas de la noche del viernes el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, se comunicó con la organización «en representación del vicepresidente de la República Jorge Arreaza, y expresó la disposición del Ejecutivo Nacional de contribuir con la investigación de los hechos».
Antecedentes
Antes de la agresión, Alvarado se sabía blanco de un posible ataque personal, y por eso el pasado mes de agosto le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhortara al gobierno a garantizar su integridad y a detener «los constantes actos de hostigamiento e intimidación», recordó Cofavic.
Lo que dió lugar a la solicitud fueron las declaraciones emitidas el 21 de agosto por Nicolás Maduro, cuando en respuesta a las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco del OLP, acusó a Alvarado de ser colombiano, agente pagado por el estado norteamericano, ex agente policial «infiltrado» en Bandera Roja, y dijo que Provea es un partido político.Igualmente, desde noviembre del año pasado Diosdado Cabello arremete reiteradamente contra defensores desde su programa Con el Mazo Dando.
Fiscalía investiga
La Fiscalía General de la República comenzó a investigar el viernes una denuncia de secuestro y robo presentada por un activista de derechos humanos, para quien la ONG Amnistía Internacional reclamó protección del gobierno.
La fiscal Mónica Trejo emprendió «la investigación de los hechos denunciados por el representante de Provea, Marino Alvarado, quien señaló que este jueves 1 de octubre fue víctima junto a su hijo de secuestro y robo», informó el Ministerio Público en un comunicado..
Amnistía Internacional señaló en un comunicado que esta agresión tuvo lugar en medio de «una oleada de declaraciones públicas deplorables de parte de autoridades de alto nivel» contra promotores de las garantías fundamentales.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, rechazó este «despreciable acto de agresión» y llamó a las autoridades a iniciar una «exhaustiva investigación» para identificar
