La inteligencia venezolana recibió la orden de arrestar a un líder opositor en la madrugada del jueves, después de que el presidente Nicolás Maduro calificara de «golpe de Estado» los incidentes que dejaron tres muertos durante protestas estudiantiles.
La jueza Ralenys Tovar ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia detener al opositor Leopoldo López, acusado de homicidio, lesiones graves y asociación para delinquir, reveló la web del diario El Universal, que publicó una foto de la orden de aprehensión 007-14.
Una de las voceras habituales de López, contactada por la AFP esta madrugada, dijo carecer de información.
El miércoles, miles de estudiantes acompañados por dirigentes opositores habían marchado por Caracas y otras ciudades contra la inseguridad, la inflación y la falta de productos básicos, en una nueva escalada de las movilizaciones universitarias que se registran hace diez días.
La protesta, la mayor contra Maduro desde que sucedió en el poder a Hugo Chávez, derivó en incidentes que se prolongaron varias horas, con un saldo de tres muertos, decenas de heridos y unos ochenta detenidos, según fuentes oficiales.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, soporta una inflación anual de 56,3% y un índice de escasez que en enero alcanzó a uno de cada cuatro productos básicos, mientras que la violencia criminal deja entre 39 y 79 homicidios anuales cada 100.000 habitantes, según se tomen estadísticas oficiales o de ONGs.
En un encendido discurso por radio y televisión, el presidente denunció «un golpe de Estado en desarrollo», pero prometió que «la revolución bolivariana va a triunfar»
Maduro, que asistía a un impresionante desfile militar donde se exhibieron incluso misiles en rampas de lanzamiento móviles y blindados, dijo haber impartido «instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad […] quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido».
Oposición en las calles
Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (uno de los de mayor peso en la oposición) y ahora con orden de captura es uno de los tres dirigentes que impulsan la táctica de ocupar las calles con protestas antigubernamentales bajo el lema «La salida».
Los otros dos líderes son el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y la diputada Maria Corina Machado, que goza de inmunidad parlamentaria.
La táctica de oposición callejera les ha valido a sus promotores acusaciones de golpismo y diferencias con otros opositores, como el excandidato presidencial Henrique Capriles.
Los tres dirigentes ratificaron su estrategia en la noche del miércoles, cuando aún había incidentes en Caracas.
«Frente a una tiranía la respuesta es la calle y la movilización», dijo la diputada Machado, quien califica al gobierno como «dictadura Castro-Comunista».
«Seguiremos nuestra agenda de lucha en la calle», agregó por su lado el alcalde Ledezma.
«Tenemos que hacernos fuertes en la calle», la meta «es que tengamos una fuerza popular en la calle que pueda ser una contraparte al peso y al abuso de poder por parte del gobierno» había dicho López el martes a la AFP.
Maduro fue elegido en abril de 2013 por un estrecho margen de 1,5% frente a Henrique Capriles. Pero ocho meses después, en las municipales de diciembre de 2013 los candidatos gubernamentales sacaron 55% de votos.
Enojo
En los últimos días, se han sucedido protestas estudiantiles en los estados Táchira, Zulia y Mérida (oeste), en cuya capital hubo una decena de estudiantes detenidos y cinco heridos de bala el martes.
«Queremos la libertad de nuestros compañeros presos, pero también por la situación del país, el deterioro de la economía, la escasez que nos tiene hartos y la inseguridad», dijo a la AFP Daniela Muñoz, una estudiante de medicina en la Universidad Central.
«Nos concentramos para una protesta pacífica. ¿Como es posible que nos hayan matado dos estudiantes?», reclamó por la noche en otra de las protestas Vanessa Eisi, de la Universidad Católica.
Entretanto el canal colombiano de noticias NTN24, que otorgó gran cobertura a los incidentes, fue sacado la tarde del miércoles de las parrillas de las dos redes de televisión por cable que lo distribuían en Venezuela.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, un órgano gubernamental regulador de empresas audiovisuales, había amenazado con sanciones para aquellos medios que hagan «promoción de la violencia».
Interrogados por la AFP el Ministerio de Información y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dijeron que carecían de información sobre ese tema.
En otro incidente que involucró la prensa, por la tarde un puñado de individuos con insignias de grupos oficialistas zarandeó a un equipo de periodistas de la Agence France-Presse y les robó una cámara de video, ante la pasividad de unidades policiales que se limitaron a sermonear a las reporteras.
«Ustedes tenían que saber a qué se estaban exponiendo cuando venían para acá», dijo un oficial a las dos periodistas que solicitaron auxilio.
En la cámara robada se habían grabado imágenes con el lanzamientos de gases lacrimógenos contra los manifestantes, detenciones y palizas propinadas por uniformados contra seis estudiantes y el testimonio de una joven relatando los sucesos.
También fue robada una cámara de la agencia estadounidense The Associated Press.
