Oposición decretaría emergencia legislativa por inseguridad

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De ganar la oposición la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, será declarada una emergencia nacional en materia de seguridad ciudadana, con el fin de concretar de manera perentoria acciones legislativas dirigidas a reducir el índice delictivo en el país.

Así lo expresó este viernes el secretario general de la Unidad Democrática, Jesús «Chúo» Torrealba, en el marco de una rueda de prensa para presentar la propuesta de la MUD en esta materia.

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«En nuestra agenda está el planteamiento de una Emergencia Nacional Legislativa en el Área de Seguridad”, manifestó el vocero de la coalición opositora.

Luis Izquiel, criminólogo y uno de los principales creadores de la propuesta, fue más preciso. Una de las primeras medidas que adoptaría la nueva AN es la eliminación de las «zonas de paz» impulsadas desde el Ejecutivo nacional.

“Con una reforma de la Ley de Servicio de la Policía se pudiera impedir que el Gobierno continúe otorgando territorio a la impunidad”, manifestó.

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Así mismo, la oposición con mayoría parlamentaria estaría dispuesta a sancionar una Ley de Limitación del Servicio de Telefonía Móvil en los Centros Penitenciarios del país, desde donde esta demostrado que se planifican delitos graves como el secuestro.
Para Izquiel, “bloquear las señales desde las cárceles, reduciría significativa delitos como extorsiones y cobros de secuestros”, acotó.

En el marco de esta emergencia legislativa la oposición también propone legislar para devolver la administración de los centros penitenciarios a los gobiernos regionales, como lo ordena la Constitución sin que hasta ahora se haya cumplido.

“Proponemos la descentralización», recalcó el coordinador de seguridad ciudadana.

De igual manera, cree que “ha sido un error quitarles a los estados y municipios de Venezuela la facultad de formar a sus policías”, por lo que también habrá reformas en este sentido.

Finalmente, Izquiel indicó que otro cambio imperativo para revertir la creciente inseguridad es devolver el control del alumbrado público a las alcaldías, que el Ejecutivo concentró en Corpoelec. “La oscuridad es amiga del hampa”, expresó.

 

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