#opinión: Estado transitorio y Gobierno permanente por: José Bladimir Useche

La principal diferencia entre Estado y Gobierno consiste en que el primero es permanente, mientras que el segundo es transitorio. El Gobierno es un elemento esencial (además del territorio y el pueblo), para la existencia y el reconocimiento del Estado. No en vano, existe una coloquial frase que hace alusión a estas características: “Los hombres pasan y las instituciones quedan”. Una célebre frase atribuida (quizá erróneamente) al Rey Luis XIV de Francia (1638-1715), quien gobernó por más de setenta años, dice: “El Estado soy Yo”.
Para distinguir entre uno y otro es imprescindible tener muy claro el concepto de institución, pues su definición expresa un conjunto de principios y de normas ordenadamente establecidos que le dan vida al Estado, a la República, a los órganos y entes que lo administran y, a las responsabilidades que tienen los ciudadanos que asumen su dirección y su funcionamiento. Los gobiernos y los gobernantes tienen un turno para administrar los asuntos públicos, los asuntos del Estado, según lo establecido por la Constitución, que es el libro de mayor jerarquía que recoge los principios y las normas más excelsos de la institución.
Desde 1999, esta distinción pareciera haberse perdido, pues desde ese año hasta el presente no ha habido alternabilidad gubernamental (Art. 6 de la Constitución), es decir, no ha habido cambio de gobierno, mientras que el Estado y sus instituciones han sufrido cambios y violaciones constantes e ilimitadas, tanto en número como en magnitud.
Con la figura de la Asamblea Constituyente de 1999 se hizo un cambio importante y legítimo. Luego, un proyecto de reforma constitucional fracasó en su intento, mientras que una mal llamada enmienda sometida a referéndum inscribió la figura de reelección indefinida para el mismo gobernante, violando con ello el mencionado principio de alternabilidad, pero obligando a ambos conceptos a convivir, contradictoriamente, en el mismo texto constitucional.
El Gobierno moldea su propio Estado y, para asegurarse de ello, ha roto todas las reglas constitucionales de una manera elegante y con acento democrático, creando en la práctica un Estado paralelo, altamente burocrático y costoso, mediante programas, instituciones y actos violatorios de la Constitución, que terminarán instituyéndose formalmente, destruyendo consigo todo el sistema institucional que conocemos. Los ejemplos son cuantiosos, como la violación de los artículos 311 y 314 de la CRBV, debido a que los ingresos en divisas de Pdvsa no van íntegramente al BCV, ni tampoco a algún lugar estrictamente conocido, al tiempo que el gobierno ha creado un gran número de fondos financieros donde los recursos se gastan en forma paralela al presupuesto fiscal, sin controles ni auditorías algunas.
De igual forma, los consejos comunales (rumbo a las comunas) reciben y malgastan el dinero público sin que sus miembros sean funcionarios como establecen la CRBV y las leyes. Por otra parte, tales desagregaciones territoriales y administrativas son de competencias exclusivas de los Estados y Municipios, mas no son competencias ni atribuciones del poder público nacional ni del presidente de la república.
Aunque se vea como un juego de palabras, lo cierto es que el Gobierno ha creado un Estado paralelo, que implica la ausencia de un Estado de Derecho, con lo cual pretenden crear nuevos derechos y, con ello, un nuevo Estado. Este es el método del Gobierno para modelar el Estado a su antojo.
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