Luego que autoridades venezolanas presentaran un informe sobre la garantía de los derechos humanos en el país, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió una serie de recomendaciones que deben ser cumplidas de manera inmediata, tal como lo establecen los pactos internacionales en esta materia.
Por otra parte, cabe recordar que diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que conforman el Foro por la Vida, también presentaron un informe alternativo en el que denunciaban la grave crisis que existe en materia de derechos humanos y en temas puntuales como la inseguridad, falta de independencia de los poderes públicos, la politización de la justicia, retardo procesal, tratos cr
Después de contrastar toda la información recabada, los expertos que conforman el Comité de Derechos Humanos de la ONU, puntualizaron que el gobierno nacional tiene muchas tareas pendientes sobre todo para garantizar el derecho a la vida de los venezolanos.
«El Comité, mientras toma nota de las acciones desplegadas por el Estado parte en materia de prevención del delito, nota con preocupación los informes sobre un muy elevado número de muertes violentas en el Estado parte, incluyendo casos presuntamente perpetrados por oficiales de mantenimiento del orden. Por lo tanto el Estado parte debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas, incluyendo la intensificación de las acciones de desarme de la población civil. Debe también velar por que todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados», sentencian.
Manifestaciones pacíficas
Asimismo expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos presuntamente perpetradas en el contexto de manifestaciones públicas, que se realizaron en Venezuela en el año 2014.
«Se observa con preocupación que hasta la fecha sólo se ha condenado a siete funcionarios. Asimismo, le preocupan los informes relativos a la participación de efectivos militares en el control de reuniones públicas y manifestaciones», puntualizan.
En este sentido, exigen al Estado seguir adoptando medidas «para prevenir y eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden, especialmente en el contexto de manifestaciones, entre otras cosas reforzando la capacitación en materia de derechos humanos y uso adecuado de la fuerza; Garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos, incluso aquellas que pudieran haber sido cometidas por particulares con la aquiescencia de agentes estatales, sean investigadas sin demora y de manera exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos».
También recomendaron redoblar los esfuerzos con miras a garantizar la efectiva prevención de los actos de tortura y los malos tratos y la sanción de los responsables y garantizar que ninguna persona sea sometida a detención arbitraria y velar por que todas aquellas personas que enfrenten cargos tengan acceso a un juicio justo e imparcial.
Independencia de poderes
El comité expresa en sus conclusiones que continúa preocupado por la situación del poder judicial en el Estado, particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad.
«Observa con preocupación que sólo el 34 por ciento de los jueces son titulares, lo que significa que el resto se encuentra en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional.
Asimismo, lamenta no haber recibido información sobre el porcentaje de fiscales del Ministerio Público que son titulares y, al respecto, le preocupan los informes que indican que ese porcentaje sería muy bajo.
El Comité se muestra preocupado también por los informes sobre las consecuencias negativas que habría tenido para algunos jueces adoptar, en desempeño de sus funciones, decisiones desfavorables al Gobierno», precisan.
Los expertos hicieron énfasis en el particular caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fuera detenida en 2009 por haber ordenado una medida sustitutiva de libertad de una persona cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo correspondiente a esta materia.
«El Estado parte debe tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo presiones e injerencias. En particular, debe adoptar medidas para corregir a la mayor brevedad posible la situación de provisionalidad en la que se encuentra la mayoría de los jueces y fiscales.
Asimismo, debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en el marco de un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención», señala el informe.
Libertad de Expresión
Con respecto a la Libertad de Expresión, la ONU lamentó una serie de disposiciones y prácticas que podrían tener el efecto de desalentar la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales, sobre asuntos de interés público y que podrían afectar negativamente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incluyendo normas que criminalizan la difamación y a quienes ofendieren o irrespetaren al Presidente u otros funcionarios de alto rango y el extendido monitoreo del contenido difundido por los medios de comunicación realizado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Finalmente recomiendan que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias con miras a garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
«Se debe considerar la posibilidad de despenalizar la difamación así como aquellas figuras que prevén sanciones penales para quienes ofendieren o irrespetaren al Presidente u otros funcionarios de alto rango u otras figuras similares y debería, en todo caso, restringir la aplicación de la ley penal a los casos más graves, teniendo en cuenta que la pena de prisión nunca es un castigo adecuado en esos casos; además debe garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información de interés público».
