La ocupación ilegal y arbitraria de los terrenos urbanos por parte de contratistas del Ministerio de la Vivienda violenta el Estado de Derecho y decisiones judiciales y se agrede de una manera flagrante a la ciudad y además se usurpan competencias urbanísticas del municipio en el ámbito local.
Hace aproximadamente un mes contratistas del Gobierno nacional ocuparon con maquinarias pesadas terrenos privados ubicados en el llamado Triángulo del Este, al norte de la avenida Venezuela, entre la avenida Bracamonte y la Morán con el argumento de que en ese lugar el Ministerio de la Vivienda construiría unas 1.200 unidades habitacionales de interés social.
Antecedentes
En el mes de enero de 2011, el Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Ley de Emergencia de Viviendas con la finalidad de resolver de manera expedita las situaciones provocadas por el cambio climático y su impacto en devastaciones de barrios construidos en ´áreas inestables como por inundaciones en zonas rurales dando así prioridad a las familias en riesgo vital». Esta circunstancia excepcional es la única que habilita el empleo de los mecanismos del decreto, pues resulta un contrasentido que toda la gestión del Estado en materia de vivienda se llevara a cabo a espaldas del ordenamiento legal, desaplicando leyes como la de contrataciones públicas y competencia municipal en materia urbanística. La atención de esas emergencias suponen la utilización de inmuebles y terrenos ociosos sub-utiizados o indebidamente utilizados, comenzando por los que sean propiedad de la República.
Según el artículo 9 del Decreto-Ley, una vez agotadas las opciones de terrenos de la República, los Estados y los Municipios, es cuando se activa la competencia administrativa para desarrollar terrenos o inmuebles no residenciales propiedad de particulares, que se encuentren “ociosos, abandonados o con uso inadecuado”.
Ese orden encuentra fundamento constitucional pues el artículo 112 de la Constitución Nacional señala expresamente que el Estado venezolano debe promover la iniciativa privada, y en el artículo 115 se garantiza el derecho de propiedad privada y limita la expropiación permitiendo únicamente que sea declarada por causa de utilidad pública.
En el caso de los terrenos del este, todos los afectados tienen documento de propiedad registrado, están al día con los impuestos municipales, tienen proyectos de construcción aprobados, parcelas limpias y cercadas, y algunos iniciaron excavaciones y movimiento de tierra, es decir, no se encuentran “ociosos, abandonados o con uso inadecuado” y por tanto, no son susceptibles de la aplicación del Decreto-Ley.
Ante el atropello inicialmente narrado, algunos afectados interpusieron un interdicto por despojo (Exp. KP02-V-2014-3086) obteniendo una medida cautelar de Secuestro, que al ser practicada por el juzgado ejecutor de medidas, se vio impedida por la presencia del grupo FRIO ante cuya presión y –cuentan los presentes- algunas llamadas telefónicas intimidantes al juez, forzaron la suspensión de la ejecución de la cautelar.
Algunos especialistas en urbanismo, no tienen ninguna duda de que se está cometiendo una agresión sin límites contra la ciudad y al nuevo diseño urbano concebido por la Ordenanza Especial del Triángulo del Este. En ese sentido, será el alcalde de Iribarren y los concejales, los llamados a intervenir en este desaguizado que pretende cometerse contra la capital larense.
