Los juicios realizados en la ciudad de Núremberg al término de la Segunda Guerra Mundial, entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, no sólo han servido para reglamentar la guerra, sino como jurisprudencia para los crímenes contra la humanidad.
En efecto, los aportes de las Conferencias de La Haya desde 1898 a 1907, la Conferencia Naval de Londres de 1909, lo pautado por la Sociedad de las Naciones y la Cruz Roja, sumada a los Juicios de Núremberg después de la segunda guerra mundial, conforman el material que sirve para reglamentar todo tipo de guerra. En el Derecho Internacional Público pocas veces se registra el aporte hecho por el Gran Mariscal de Ayacucho, Sucre, en materia de reglamentar la guerra, donde hay heridos, prisioneros, personal sanitario, mensajeros, traidores, espías, etc.
Es frecuente que a los jueces, altos funcionarios de los países donde se violan los derechos humanos, se les olvida que el tiempo pasa muy rápido y que estos delitos no prescriben y que tarde o temprano la justicia llega.
Así sucedió con los colaboradores de Hitler y así sucederá en Venezuela con los que administrando justicia se han prestado ya sea desde el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, el llamado Tribunal Constitucional o cualquiera de los Tribunales utilizados por el régimen chavista para condenar a sus adversarios políticos.
La referencia adquiere actualidad por la noticia dada por la poca prensa libre sobreviviente, de que Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano han sido sometidos de madrugada en sus celdas a toda clase de vejámenes, incluyendo el lanzarles excrementos. La Fiscal Luisa Ortega Díaz siempre presta a seguir las instrucciones del régimen, ha sido poco diligente ante esta nueva denuncia, ya llevada a instancias internacionales. Esta señora sin duda alguna, al finalizar esta dictadura será llevada al Tribunal Penal Internacional con sede en Roma, creado en 1998.
Las cárceles venezolanas, de las más inhumanas en el planeta, están llenas de presos a los cuales no se les ha seguido el debido proceso. Hay 55.007 reclusos en las mazmorras venezolanas. Encarcelados por motivos penales o políticos. Las matanzas ocurridas en estos recintos penitenciarios han sido noticia en el mundo. El Foro Penal Venezolano ha denunciado recientemente 138 casos de torturas y los presos políticos denuncian intimidaciones y abusos sexuales. De los estudiantes Salech y Valles entregados, contra lo dispuesto en la Convención de Refugiados por el gobierno colaboracionista de la dictadura venezolana de Juan Manuel Santos, no se ha vuelto a saber nada.
En la doctrina jurídica tanto en el Derecho Internacional Humanitario, como en el Derecho Penal Internacional existen suficientes argumentos que serán usados por los abogados defensores de tantos presos venezolanos, cuyos derechos humanos les han sido violados. Tiempo al tiempo.
