Con el dolor como si el asesinato de Ángela Medina hubiese ocurrido ayer, se encuentra la madre de la joven, Dilia Valles. Dice que toma sedantes y calmantes porque su vida cambió para siempre, pues ya no ve caminar a su consentida, como si estuviese desfilando por las pasarelas de modelaje.
Confía en la ley divina. Asegura estar protegida por el manto de la Divina Pastora “y además bendecida, porque en una oportunidad le hice el vestido”; pero a pesar de ello no ha dado descanso a su vida para que se haga justicia con el caso de la también estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú, quien fue hallada muerta la mañana del seis de agosto del año pasado en la carretera vieja hacia Yaritagua.
Desde entonces el caso causó gran conmoción pública no sólo en Venezuela sino internacionalmente, y hasta ahora no se ha dictaminado la responsabilidad en el crimen.
Sin embargo, desde el primer momento, están privados de libertad David Emiliano Ramírez, Yoalbert González junto a Mauricio José Villegas, además de Víctor Daniel Marín, quien hace poco recibió una medida cautelar con presentación cada ocho días porque se adhirió al proceso constitucional de delación.
Valles teme que la jueza Carolina Rodríguez, quien lleva el caso desde el tribunal de control 51 de Caracas, vuelva a suspender el acto conclusivo, puesto que el 19 de diciembre de 2014 lo hizo por considerar que había muchos vacíos en las pruebas presentadas por la fiscalía 82 nacional del Ministerio Público.
“Introdujeron la acusación fiscal con las pruebas técnicas y científicas elaboradas por el personal especializado del Ministerio Público en la capital, pero no fueron aceptadas”.
Tras la anulación de la audiencia el 19 de diciembre se dio una segunda oportunidad a la fiscalía para que en menos de un mes presentase una nueva serie de pruebas y el pasado 18 de enero lo hicieron ante el tribunal que corresponde, “pero hasta ahora la respuesta del secretario es que no hay despacho”.
Valles se muestra preocupada, teme que la nueva acusación vuelva a ser rechazada. “En este caso hay muchas manos rojas rojitas… pido justicia”, aseveró con voz fuerte.
El Ministerio Público ratificó las pruebas hechas por el Cicpc en agosto pasado en la escena del crimen pero además, tiene nuevos elementos a presentar ante el tribunal para que así no pueda ser derrogado nuevamente.
Imputados
A David Ramírez se le imputó por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con alevosía en grado de autor y agavillamiento, mientras que a los demás los mismos delitos, pero en complicidad.
Ellos fueron trasladados hasta la sede del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caracas, después de una revuelta en el Centro Penitenciario David Viloria, antigua Uribana, donde murieron 50 reos por, supuestamente, ingerir el llamado “Cóctel de la Muerte”.
“Además, el 21 de octubre radicaron el caso a Caracas y como una medida de protección los llevaron para esa delegación… pero ni siquiera están en un lugar con régimen penitenciario”, esgrimió la mujer, mientras su mirada se iba hacia el horizonte, recordando a su hija.
Amparada por la ley
La señora Dilia Valles dice que por la falta de respuestas que ha tenido, la ampara el decreto 9042 del 12 de junio de 2012. “Según el artículo 122 de Derechos de la Víctima puedo pedir querella (…) Por ello he ido hasta varias instancias gubernamentales solicitando ayuda”.
Hasta ahora no pierde la esperanza de sostener un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a fin de explicarle lo que ha pasado con el caso judicial del asesinato de su hija.
“Estoy esperando la llamada del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y del vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza”.
Excelente trabajo
Ella, en medio del dolor que no la deja, también está agradecida, entre otros, del doctor William Guerrero, fiscal superior del Ministerio Público en Lara.
“Él ha sido muy amable, decente, objetivo, al igual que el vicefiscal de la República, Joel Acosta Espinoza, quien me atendió en nombre de Luisa Ortega Díaz y no sólo me escuchó, sino que se le vio interés de su parte.
Entre otras personalidades, Valles se ha llevado el caso hasta la magistrada de la sala penal del TSJ, Francys Coello; el asistente del TSJ Andry Martínez; el asistente de la fiscal general de la República, Luis Vásquez; la directora general de tribunales, Yeira Olivero; el presidente de la dirección ejecutiva de la magistratura, Argenis Chávez (hermano del expresidente Hugo Chávez), quien le prometió ayudarla; Marisela Lucena, fiscal superior en el área metropolitana, Lisbeth de Acosta, directora de Atención a la Víctima del Ministerio Público, entre muchos otros.
