Para Luis Marín, presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales del estado Lara, con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los patronos están obligados a cumplir con unas exigencias que no existían en la ley anterior, lo cual representa nuevos costos en la mano de obra y en otros gastos.
Indica Luis Marín, que de no cumplir el patrono con las nuevas obligaciones que establece la Ley del Trabajo se expone a sanciones, lo cual agrava la situación que ya se vive en el país.
La nueva legislación laboral establece beneficios para los trabajadores que los empleadores o patronos están en la obligación de garantizarles como más días de descanso y nuevas jornadas laborables, entre otros.
Asegura Marín que existe una gran preocupación en el sector industrial, en particular en las pequeñas y medianas industrias, por cuanto el esquema de la ley anterior permitía trabajar continuo y ahora hay que garantizarle al trabajador dos días de descanso y esos días van a requerir que se contrate otro trabajador adicional para que cubra mediante sistemas de turnos, la jornada normal que venía desempeñando, y en consecuencia se deberá cumplir con este régimen especial, lo cual implica una serie de modificaciones que afectan al sector productivo porque se aumentan los costos de producción, ya que hay que sumar a los costos fijos, el pago de prestaciones sociales y demás compromisos laborales de un trabajador extra.
Según investigaciones realizadas por el Banco Mundial y la Universidad de Chicago en 104 países, Venezuela queda en el puesto Nº 5 como el país que tiene las legislaciones de empleo más restrictivas, y además ocupó el puesto Nº 13 como país donde es difícil crear empleo. Con el nuevo instrumento legal, esta tendencia se agudizará en detrimento del mercado de empleo.
Agregó Marín, que tal reforma de la Ley del Trabajo, debió orientarse a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, flexibilizándolo y estimulando los puestos estables y de calidad. Una de las consecuencias económicas de esta nueva norma laboral en el mediano plazo será la disminución de los incentivos a la inversión.
El nuevo marco legal podría ser insostenible a mediano plazo por su impacto sobre los costos laborales, máxime en una economía como la venezolana ciertamente limitada por controles de todo tipo y por restricciones al emprendimiento privado. El mismo Estado, como principal patrono del país, se verá enormemente perjudicado pues no dispondría de los recursos suficientes para pagar sus enormes y crecientes pasivos laborales.
