Desde que se instaló la “revolución bolivariana” en Venezuela, en 1999, se han elaborado y ejecutado veinticuatro planes de seguridad con lineamientos preventivos, represivos y mixtos, en la lucha contra la criminalidad.
Pese a la visión de dos presidentes y quince ministros a cargo de la seguridad ciudadana, el país sigue en la posición número dos como el más violento de América Latina y ocupa el tercer lugar a nivel mundial, sólo superado por Honduras y Siria, según informe de la Organización de las Naciones Unidas.
Cuando Miguel Rodríguez Torres era el titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, señaló en una entrevista que “cualquiera que está todo el día viendo televisión cree que el delito es mayor”, porque a su juicio “la sensación de inseguridad es mayor a la cantidad de delitos”.
Sin embargo en los ocho meses transcurridos de este año, 26.000 personas han muerto de manera violenta y la “sensación” se agudiza aún más cuando la tasa de homicidio se ubica en 86 por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia. Esta tasa es peor que la de una nación en situación de guerra.
Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, asegura que ningún plan de seguridad ha funcionado porque existe un problema de fondo: la destrucción institucional.
Para él, el sistema judicial y carcelario está centralizado y por lo tanto todas las políticas son “paños de agua caliente” que se limitan a ofrecer respuestas espasmódicas a determinados sucesos.
“El Gobierno pone nombres rimbombantes a los supuestos planes que no son más que simples operativos policiales, que no tienen labores de inteligencia previo y no incluyen la prevención social del delito”, indicó Izquiel.
Para el también coordinador de Seguridad Ciudadana de la Unidad Democrática, los planes ideados por el Gobierno han sido carentes de coherencia porque atacan las zonas conflictivas un día y se van.
En Brasil, por ejemplo, desde 2008 se realizan intensos operativos policiales en las favelas de Río de Janeiro. En lo que eran las guaridas de delincuentes los funcionarios instalan las Unidades de Policías Pacificadoras (UPP) y allí se quedan. 75% de los habitantes de las favelas aprueba las UPP.
En el año 2012 cientos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tomaron la urbanización Las Sábilas, ubicada en el Norte de Barquisimeto.
El cuerpo castrense “limpió” el sector, donde reinaban los delincuentes. Según los mismos habitantes, bastó que los efectivos desmontaran el toldo del comando para que los azotes nuevamente se apoderaran de la zona.
Políticas de ensayo y error
“La OLP es una política humana… humanista”, dice el presidente Nicolás Maduro en una propaganda transmitida por canales de televisión abierta.
Pero tan solo el primer día de actuación en la Cota 905 en Caracas dejó un saldo de catorce personas fallecidas. Y desde que se implementó hasta ayer la cifra de abatidos en todo el territorio nacional se situó en 84 fallecidos.
La Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) es una operación policial y militar que tampoco dará buenos resultados, manifiesta convencido Izquiel.
Según el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), en el país han sido detenidas unas 4.000 personas en el marco de la OLP y de ese lote 90% ha sido liberado por no estar involucrado en delitos.
Para Andrés Colmenares, vicepresidente de Funpaz, la OLP es “un remedio inadecuado para una enfermedad crítica”. Catalogó de represiva y violenta las acciones de los cuerpos de seguridad en Lara durante el operativo.
En Las Sábilas, solo doce familias se atrevieron a narrar las violaciones a su domicilio: los uniformados rompieron techos, destruyeron enseres y los maltrataron verbalmente.
“Incluso atacaron un culto cristiano”, dijo Colmenares. Aunque en Venezuela no existe la cultura de denuncia, estas familias sí procesarán sus testimonios ante la Defensoría del Pueblo, acompañados por Funpaz.
Las “Zonas de Paz” dieron luz verde a la organización delictiva
Cuando José Vicente Rangel Ávalos ocupaba el viceministerio de Política Interior en 2013, se sentó a conversar con poderosos delincuentes del país, quienes le aseguraron que bajarían sus armas y se reinsertarían a la sociedad, pero a cambio la policía no debía entrar a ciertas zonas. Esta negociación fue parte del plan Movimiento por la Vida y la Paz.
Muy por el contrario de pacificar estas áreas, los delincuentes encontraron un territorio para “hacer y deshacer”. Se aliaron, formaron megabandas y desde allí se crearon las más grandes redes de extorsión, cobro de secuestros y otros muchos delitos; son nichos de anarquía impunidad.
El abogado Luis Izquiel considera que el gobierno mostró indulgencia hacia los criminales más violentos del país y que aunque nunca declaró abiertamente haber cedido a esta petición, los funcionarios fueron advertidos de este proyecto piloto.
Las extensas áreas fueron cedidas en Miranda, Caracas y Aragua. Afortunadamente Lara se mantuvo libre de estas zonas aunque existen territorios prohibidos para la policía en el oeste y norte de Iribarren.
AN haría la diferencia
Es en la Asamblea Nacional (AN) donde se podría atacar el problema de la criminalidad de raíz. Antonio Olivo, comisario general de la Policía de Lara hasta 2005 y ahora candidato a diputado a la AN, considera que existe un grave problema en torno a la disciplina de los funcionarios policiales, como consecuencia de desmotivación y los pocos filtros para el ingreso a las filas policiales.
“El policía hoy en día es indisciplinado, carece de sentido de pertenencia y marginaliza la institución”, asegura el también abogado criminólogo, por eso se debe refundar la ley de la Policía Nacional a la altura de las leyes del resto del continente, a fin de darle el estatus que merecen los policías.
Los que fueron preparados como gerentes policiales no están ejerciendo el cargo, existe un desbarajuste y eso se refleja en los niveles de inseguridad. Revertir esa situación no es tarea fácil… “pero se puede hacer”.
El Estado debe sacar a los policías de las zonas marginales, pagarles bien para evitar la corrupción y colocarles normas disciplinarias rígidas; eso traería resultados.
El comisario tomó como ejemplo una reforma aplicada en Colombia, en donde elevaron el estatus policial y los niveles delictivos disminuyeron.
