Nelson Fréitez: Las violaciones a los DDHH le hicieron perder legitimidad al gobierno

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Este viernes se llevó a cabo, el foro “Criminalización de la protesta pública en Venezuela”, organizado por la Asociación Civil Justicia Solidaria y Paz (Funpaz) y el Programa venezolano de educación-acción en Derechos Humanos (Provea).

Nelson Fréitez, parte del comité organizador del este evento, explicó que el mismo tuvo como “objetivo analizar las violaciones masivas a los derechos humanos en el país”.

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Así mismo, señaló que se evaluaron los efectos sobre la población venezolana, de los hechos violentos que se han generado en la actualidad, y se pudo vislumbrar las alternativas para la defensa de los derechos humanos y el enfrentamiento a la impunidad.

Al acto asistieron miembros de organizaciones sindicales, gremiales, estudiantes, políticos de carrera, así como también público en general, que escucharon y participaron activamente en las ponencias de Esperanza Hermida de Provea, Andrés Colmenares de Funpaz y Gabriela Lara, miembro del movimiento estudiantil de Lara.

Uno de los acuerdos del foro fue la articulación de las acciones de los vecinos, estudiantes, sectores productivos, todos los miembros sociedad civil, para hallar una plataforma de lucha, para alcanzar de manera más efectiva los objetivos que se planteen.

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Fréitez afirmó, que otra conclusión fue la importancia de la denuncia a nivel nacional e internacional, ya que considera que “las violaciones a los derechos humanos, han sido tan graves, que el gobierno perdió la mínima legitimidad que le quedaba, y la inmensa vulnerabilidad que tiene”.

Para los integrantes de este foro, la represión y la violación a los derechos humanos van a continuar en el país.
Nelson Fréitez, señaló que “el gobierno no tiene cómo responder a las demandas de la población y van ha profundizar la represión”.

Además consideran que los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, van a tener que redoblar esfuerzos.

En este foro informativo y participativo, se exhortó a los colegios de abogados, de médicos, de psicólogos y de enfermeros, a atender a las personas que hayan sido viísctima de agresiones en las protestas que se han venido desarrollando y se desarrollan en el país, en búsqueda de articular toda la ayuda profesional disponible, para los agredidos.

 

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