Para el sociólogo y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Nelson Fréitez, el asesinato de la actriz Mónica Spear junto a su esposo Thomas Berry, se convirtió en un detonante que puso de manifiesto la inconformidad y el desasosiego que vive la sociedad venezolana, ante una situación cotidiana de inseguridad e impunidad desbordada.
“Al tratarse de figuras públicas, este crimen le pone rostro a una situación que es parte del día a día del venezolano. Llama la atención el fenómeno colectivo, la conmoción y la movilización nacional generada en torno a este hecho, además de la reacción oficial”, expresó.
No obstante, el especialista apuntó que “hay razones para pensar que, más allá de las reacciones que se han producido en el corto plazo, no pasará nada que conlleve a una solución definitiva del problema general. Crímenes como el de los hermanos Faddoul y los jóvenes del barrio Kennedy, produjeron conmociones similares en la opinión pública, pero no se tomaron medidas orientadas a atacar el problema de fondo”.
Fréitez considera que la violencia desbordada es alentada principalmente por la impunidad. “El 95% de quienes cometen delitos están en la calle. Aunado a ello, existe un enorme deterioro institucional en el sistema policial, judicial y penitenciario, que genera retardos procesales e ineficiencia en la administración de justicia.
Ante este panorama, el mensaje que recibe el delincuente es que puede seguir infringiendo la Ley sin ser castigado. En Venezuela se perdió el sentido de la norma”.
Asimismo, sostuvo que las cárceles venezolanas no cumplen su función como centros de reeducación para una posterior reinserción del individuo a la sociedad. “Al contrario, dentro de los penales existe mayor perversión y opciones de seguir delinquiendo”.
“Tiene que existir una política pública articulada y sistemática. Si bien la función represiva de las policías es necesaria, esta se debe ejercer progresivamente y en el marco del respeto a los Derechos Humanos, a través de planes de inteligencia”.
Subrayó que las políticas públicas de seguridad y orden público deben tener “una orientación civil y democrática”. En tal sentido, lamentó que con la ratificación de Miguel Rodríguez Torres en el Ministerio de Interior y Justicia, y la designación de Ronald Blanco La Cruz como rector de la UNES “se profundiza el militarismo en la administración de seguridad”.
