En nombre de la Mesa de la Unidad, la dirigente de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza a efectivos de las FANB a utilizar armas de fuego durante el control de manifestaciones.
Un recurso de nulidad consignado ante la Sala Político-Administrativa y un amparo ante la Constitucional, argumentan que el acto oficial viola principios consagrados en la Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela.
«El artículo 68 de la Carta Magna claramente señala que se prohíbe la utilización de armas de fuego en el control de manifestaciones públicas (…) y esta resolución ni siquiera diferencia el contexto en el que se pueden usar; así mismo, también permite el uso de agentes químicos, lo que también está prohibido por la Constitución y las Naciones Unidos a través de distintos pactos», explicó Solórzano.
Por otro lado, la coordinadora Nacional de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD objetó el hecho de que se oficialice la participación de efectivos militares, de todos sus componentes, «incluyendo de la milicia», en actividades de control de orden público. «Esto es de suma gravedad. Es clara nuestra Constitución en sus artículos 332 y 339, cuando establece que sólo puede hacerlo la Guardia Nacional, y de modo eventual y subsidiario», destacó. Finalmente, los representantes de la coalición opositora solicitaron la nulidad «inmediata y absoluta» de la resolución en su totalidad.
Defensor pidió reglamento
Para el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, no hay nada objetable o inconstitucional en el reglamento del Ministerio de la Defensa, pero pidió que se redacte un reglamento que aporte luz sobre aspectos que pudieran resultar ambiguos en el texto publicado el 27 de enero en Gaceta Oficial.
«Es imperioso redactar y aprobar, en un plazo no mayor de 30 días, un manual de normas y procedimientos para precisar y regular cómo deben hacerse el uso de las armas de fuego por parte de la GNB», dijo este martes.
En opinión del funcionario, la resolución oficial es «positiva» porque hace hincapié en el principio de proporcionalidad de la fuerza pública.
«Si una manifestación pasa de pacífica a violenta, empiezan a lanzar piedras, allí no podrán usar sus armas de fuego. Las piedras no pueden ser respondidas con balas. Es necesario que se respete el principio de proporcionalidad», afirmó.
