Más que la Asamblea Nacional, órgano subalternizado y no solo por el comportamiento de su titular, e incluso más que el Poder Electoral en año de elecciones, manejará el aparato comunicacional del gobierno en 2015. Los tres mil seiscientos dieciséis millones largos de bolívares previstos en la Ley de presupuesto serán, además, sobrepasados por lo que les darán en créditos adicionales, según la costumbre de desorden fiscal de los que mandan. Y eso que no aparecen allí las partidas contempladas para TVFANB, instrumentos de poder tan claves como la Corporación Maneiro, que controla el papel periódico, ni lo dispuesto para campañas publicitarias cuya transmisión por los medios radioeléctricos es “gratuita y obligatoria”, en impresos y vallas no, y siempre tiene costos de producción. El solo monto presupuestado serviría para construir trescientas una escuelas, según ha calculado Marcelino Bisbal, respetado profesor de la UCV y la UCAB.
¿Cuántos niños y niñas podrían educarse con ese platal gastado en propaganda? La hegemonía comunicacional, una de esas pretensiones arrogantes, nos sale cara a los venezolanos. Los recursos que se gastan en ella para “promover la gestión del gobierno, los valores socialistas e impulsar la revolución”, podrían ir a menesteres útiles y necesarios. 3,616 millardos de bolívares cuando faltan desde docentes en las materias de ciencias, medicamentos e insumos en los hospitales, recursos para la policía, hasta repuestos para automóviles, autobuses y camiones.
A lo que es de por sí un abuso con las necesidades de la gente, se suman la inconstitucionalidad y la inmoralidad de que ese enorme aparato de emisoras de televisión y radio, impresos, agencias de noticias y oficinas para generar contenidos, sea privatizado en beneficio del grupo que controla un partido político, porque hasta los socios de la alianza electoral denominada Polo Patriótico son excluidos.
La hegemonía comunicacional acaba siendo el control del sistema de comunicación estatal en beneficio de los intereses de unas cuantas personas, quienes de facto lo han privatizado para su uso y abuso, aprovechándose de sus posiciones.
La hegemonía comunicacional pretendida nos sale cara en dinero contante y sonante, pero su costo mayor es el colosal acto de corrupción que representa.
