La organización de derechos Humanos Provea interpuso una demanda contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por el retraso en asignación de pensiones de vejez.
En el país existen alrededor de 200 mil personas afectadas por el incumplimiento del IVSS, quienes a pesar de cumplir con la edad y las cotizaciones reglamentarias, y de haber entregado los requisitos administrativos varias veces, no han obtenido respuesta del ente público o son rechazados.
“La omisión y retardo en la asignación de pensiones, es un hecho que viola el derecho a la seguridad social y el trato digno que debe dar el Estado venezolano a las personas adultas mayores generando en consecuencia la imposibilidad de gozar del derecho establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó la abogada de Provea, Jessica Duhan.
Un grupo de adultos mayores provenientes de distintos estados del país, junto a representantes de la ONG y del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, asistieron este martes a los juzgados de Municipio con competencia en lo contencioso administrativo del Área Metropolitana de Caracas.
Además, la mora del IVSS viola los derechos reconocidos en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El mismo indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…».
