Si se demuestra que los funcionarios del Cicpc que actuaron en el allanamiento al edificio Manfredi traspasaron la ley, serán responsables penalmente por la muerte de los cinco colectivos, afirmó este viernes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Mientras tanto, los investigados están obligados a comparecer ante la justicia, así como todas las instituciones del Estado a hacer efectiva esta orden, recalcó.
“Mandatos judiciales son de estricto cumplimiento por parte de las instituciones del Estado”, expresó en referencia a la orden de aprehensión dictada este jueves por el Tribunal 7° de Control de Caracas contra el jefe de la División Contra Robos del Cicpc, comisario Roger Graterol; el inspector jefe Luis Santander y los detectives Víctor Rondón, Pedro Gómez, Ramón Poleo y Yostin Brito.
Agregó que «de demostrarse que dichos funcionarios actuaron con apego, cumpliendo con el deber en virtud del cargo que le corresponde, quedarán amparados por el cumplimiento del deber como causa de justificación (…) En caso de que se demuestre que los efectivos traspasaron los límites en el cumplimiento de su deber, serán responsables penalmente».
Las declaraciones de la fiscal general responden a las declaraciones expresadas el mismo jueves por el subdirector general del cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, quien afirmó que la institución conseguiría «los mejores abogados» a los funcionarios señalados pues, a su juicio, las muertes de José Odreman y sus cuatro compañeros fueron producto de un enfrentamiento en el que los policías actuaron en defensa propia.
Cabe recordar, los hechos en el edificio Manfredi, en Quinta Crespo, ocurrieron el pasado 7 de octubre cuando durante un allanamiento policial en búsqueda de la banda criminal de «El Odremán», según versión policial, se produjeron dos tiroteos y una situación de rehenes. Ello resultó en las muertes de cinco personas identificadas con los colectivos 5 de Marzo y Escudo de la Revolución, incluido el propio Odremán, quien tenía conexión con altos representantes del gobierno nacional, según lo evidencia su cuenta en Twitter.
Tras los reclamos públicos de los colectivos al gobierno y al Cicpc, el Ministerio Público comisionó a dos fiscales nacionales, uno regional y además a la directora y el subdirector de Investigaciones de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé y José Luis Azuaje, respectivamente.
Frente a este hecho, Ortega aseguró que tanto ella como la institución que dirige tienen «un compromiso ante el país, porque en Venezuela existe un Estado respetuoso de los derechos humanos, sólo que a veces existen individualidades que se apartan de los postulados que guían a las instituciones», dijo.
