La fuga de seis detenidos del Centro de Coordinación Policial de la ciudad de Quíbor, ocurrida en la madrugada del miércoles, es considerada por el diputado Luis Jonás Reyes, presidente del Consejo Legislativo, como el producto de la incapacidad del gobernador Henri Falcón y la directiva de la Policía de Lara de vigilar lo que ocurre en los calabozos de los organismos policiales.
“No conforme con ello, luego de la visita del gobernador a los calabozos de la Comandancia General de la Policía, los allí detenidos comenzaron una huelga de sangre. Esto ratifica la postura de la ministra Iris Varela y deja mucho que pensar sobre lo que ocurre con los privados de libertad”, dijo.
Aseguró que los hechos son producto de los atropellos que se han venido denunciando, además de la visita del gobernador a las instalaciones de Polilara, por lo cual no le extrañaría que el mandatario regional “estuviera detrás de alguno de los hechos”.
Reiteró sus señalamientos sobre las precarias condiciones en las que se encuentran los detenidos en las instalaciones de la Policía regional, particularmente por la falta de comida, así como las dolencias e infecciones que han presentado los reclusos. Desde el Parlamento se estará pendiente de la articulación de los distintos organismos del Estado, para garantizar la paz y la tranquilidad en la región.
De igual manera, Reyes criticó que el mandatario se escude en achacar la responsabilidad de la población recluida en las estaciones policiales, para que “producto de su incapacidad se escapen los presos y fallen en garantizar la seguridad”.
En cuanto a las denuncias de Falcón de sobresaturación de los espacios de detención, Reyes señaló que la atención a este problema estará garantizada con el procedimiento de “Cayapa” Judicial, a realizarse los días 3 y 10 de agosto.
Al ser consultado en relación a la posibilidad de intervención de la Policía de Lara, en atención a todo lo que se ha denunciado ocurre en este cuerpo de seguridad, el parlamentario sólo advirtió sobre la necesidad de aplicar una política coherente para luchar contra el flagelo de la delincuencia, y de cómo la actual gestión demostraría la imposibilidad de manejarse en la garantía de sus funciones.
“No es al hecho político a lo que se quiere llegar. Se trata de tomar las acciones correspondientes que permitan corregir esas inmensas necesidades que existen y que realmente se aplique una política acertada en la materia”.
