“¿Los empresarios son los enemigos del país, o son las malas políticas del gobierno las que nos están llevando por este despeñadero? ¿Hay un equilibrio en la actuación de las inspectorías del trabajo o solo tienen en la mira al sector privado?”
Con esas preguntas responde Maryolga Girán, asesora de la Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), cuál es su visión de la realidad que se vive a un poco más de un año de la aplicación de la reestructurada Ley Orgánica del Trabajo.
Para la abogada laboral esta ley parte de la premisa de no reconocer al patrono como un actor fundamental en la fuente de empleo, sino que más bien es visto como un enemigo, hecho que ha generado un constante ataque al sector empresarial, frente a un vacío de actuación en el sector público que cada día manifiesta más su inconformidad ante la falta de reivindicaciones salariales.
“El ojo está puesto sobre el empleador porque es una ley anticapitalista basada en una ideología fuera de contexto”. El gobierno desconoce al empresario como el generador de empleo y se ensaña de tal manera que “para el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) los empleadores son llamados centros de explotación”.
Es una ley politizada, por lo tanto el Ministerio del Trabajo, a través de las inspectorías, actúa ajustado a lineamientos del ejecutivo nacional, actuación que según Girán carece de equilibrio.
“El patrono siempre se presume culpable, inclusive un gerente puede ser detenido o imputado por negarse a reenganchar a un trabajador incluso así éste haya abandonado su puesto de trabajo. Aunque parezca mentira, puede ser puesto inmediatamente a la orden del Ministerio Público y ser imputado por flagrancia, es decir, tratado como un delincuente”.
Considera que la La ley es absolutamente discriminatoria y exige su cumplimiento únicamente al sector privado.
Es una realidad que cada día aumentan los conflictos laborales en el sector público. La mayoría de los reclamos vienen del sector salud, de los educadores, y de los sindicatos de empresas eléctricas y mineras. “Sin embargo el ministerio no actúa contra el sector público. Los incumplimientos se conocen sólo cuando los trabajadores salen a la calle a protestar, muchas veces asustados porque les puede costar sus puestos de trabajo”.
Indica el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) que en el primer semestre de este año se registraron 569 protestas laborales, conformando así el porcentaje más alto (34%) de la conflictividad social venezolana.
Para Girán lo sensato es que ambas partes se sienten a dialogar. “El gobierno tiene que dejar de buscar enemigos donde no los hay. Los empresarios tienen el mismo deseo de que Venezuela salga adelante que puede tener el gobierno. El sector empresarial ha acatado la ley y ha cumplido con todo lo que ella exige”.
Hay que reconocer las funciones de cada actor. “Los trabajadores a trabajar, los empresarios a invertir y generar fuentes de empleo y el gobierno a gobernar en lugar de estar entregando fusiles a los trabajadores para supuestamente defender la soberanía alimentaria”.
