Venezuela ha firmado todos los Convenios Internacionales que se han aprobado bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, sobre cuyo tema hemos escritos varios artículos, pero la persistente manipulación que hacen los voceros del gobierno, para tratar de hacer aparecer contra Venezuela, las sanciones que aprobó el Presidente norteamericano contra varios funcionarios gubernamentales acusados de violación de los Derechos Humanos de centenares de estudiantes y otros venezolanos, detenidos durante las protestas sociales que comenzaron el 12 de febrero del año 2014, solicitando la renuncia del Presidente Nicolás Maduro, tal como está establecido en la Constitución Nacional Bolivariana, más la incomunicación y los atropellos en general de que son víctimas los presos políticos de la prisión militar de Ramo Verde, encabezados por Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, nos obliga no solo a volver sobre el tema de los Derechos Humanos, sino también a dejar testimonio de nuestra protesta contra cualquier invasión militar, incluyendo la cubana, contra nuestro país.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo, la cultura de la violencia gubernamental ha predominado en la historia de nuestra nación, con mayor gravedad en los últimos años.
Nicolás Maduro hace llamamientos a la paz y al diálogo, pero el mundo democrático ha constatado la manipulación que hace del poder judicial para llevar a prisión de Leopoldo López y de los Alcaldes Antonio Ledezma del Área Metropolitana de Caracas y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Estado Táchira, imputar a María Corina Machado, primero de magnicidio y después de conspiración, y la persecución a los principales dirigentes de Voluntad Popular, un Partido Democrático al que pretende ilegalizar y extinguir La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA ha recibido varias denuncias, que prueban centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
El gobierno no ha permitido la visita de algunos representantes de la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, porque saben que podrían comprobar la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenada por el Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora estos violadores de los derechos humanos no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, deben averiguar que éstos no prescriben y su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional.
