La recién sancionada Ley Orgánica de la Cultura obliga a las empresas cuyas utilidades anuales superen las 20 mil unidades tributarias, a pagar al Estado el 1 por ciento de estas ganancias. Dinero que será sumado al Fondo Nacional para la Cultura.
La medida ha impactado en el sector privado que se siente acorralado ante las “imposiciones inconsultas”, como señala Luis Marín, presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales del estado Lara.
“De nuevo se sanciona un ley sin que sea discutida con los actores involucrados para evaluar pros y contra y actuar bajo un debido consenso. No estamos en contra de la promoción de la cultura en el país, por el contrario la hemos apoyado durante años. Lejos de crear un impuesto, se pudieron establecer acuerdos. Ahora bien, la realidad es que este nuevo aporte va a incidir en la rentabilidad y productividad de las empresas”.
Por su parte, el doctor en Ciencias Económicas y Administrativas, Aníbal Peña Javitt, añade que ese uno por ciento lo necesita la empresa para invertir. “Cada vez hay menos rentabilidad, además no hay dólares para poder aumentar la producción que ha bajado entre un 40 y 50 por ciento”.
Según el especialista, para el fomento y desarrollo de la cultura no hace falta crear un fondo con recursos provenientes del sector empresarial.
“Hay un barril de petróleo presupuestado en 55 dólares que se vende en un promedio de 103, el más alto en toda la historia de Venezuela. Tenemos un ingreso extraodinarios que casi duplica el presupuestado, el cual debería utilizarse para fortalecer no sólo la cultura, sino la salud, la educación, el transporte y todos los servicios públicos, en lugar de invertirlo en carreteras o ambulancias para otros países”.
Y recalca que el Gobierno carece de disciplina fiscal. “Si no se gastara más de lo que ingresa tendríamos un colchón suficiente para hacerle frente a todos los problemas, no sólo a lo concerniente al sector cultural”.
En lugar de cargarle un nuevo cumplimiento fiscal a las empresas, indica Peña Javitt, habría que darles facilidades para incrementar la producción, porque al final el perjudicado no es el empresario, es el mismo pueblo que cada día se enfrenta a un procesos inflacionario, donde reina la escasez y el desabastecimiento.
“El presidente Chávez dijo que el socialismo del siglo XXI iba contra la propiedad privada, Maduro le da continuidad a la destrucción del aparato productivo. Si las trancas siguen todas las empresas van a quebrar”, añade.
De hecho ya empezaron a desaparecer. “Los empleados en el sector público se incrementan lo cual quiere decir que cada día se nacionalizan más empresas privadas, las cuales no dan rendimiento, como por ejemplo el caso de Lacteos los Andes o la misma Pdvsa cuya producción en el 2013 es menor a la de 1998”.
Cintando una información publicada en Reporte de la Economía, asegura que en este momento el país vive una estanflación, es decir, un estancamiento de la producción con inflación, donde se produce lo mismo sin incremento; “pero lo que viene es que cada día se va a producir menos, y si hay menos producción y más inflación, vamos al caos completo”.
Las empresas están haciendo el mayor de sus esfuerzos por seguir adelante ante las posiciones adversas.
“Hay un salida para lograr la prosperidad del país que ambos sectores deseamos y es a través del consenso. Para ello solo hace falta voluntad. Nosotros desde hace mucho tiempo le estamos haciendo un llamado al gobierno para tener un acercamiento”, concluye Luis Marín.
Las ganancias
Carlos Larrazábal, vicepresidente de Fedecámaras, asegura que entre 60% y 75% del total de las ganancias de las compañías se destinan al pago de impuestos.
Las empresas pagan al Estado 22 compromisos entre impuestos ordinarios y fondos parafiscales.
Aparte del Impuesto sobre la Renta y el IVA, se suman los compromisos previstos en: la Ley de Drogas, Ley del Deporte, Ley de Ciencia, Tecnología, e Innovación; Ley del Seguro Social, Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
Más otras contribuciones especiales como por ejemplo para el Fondo para la Promoción para el Turismo, para al Fondo de Servicio Universal y el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Tecnologías, las exigidas en la Ley de Responsabilidad social de Radio y Televisión y en la Ley de Cinematografía, para la producción audiovisual, y las tasas que hay que pagar por el de Uso del Espectro Radioeléctrico, como lo establece la Ley de Telecomunicaciones.
A ello hay que sumarle el impuesto creado en la Ley del Poder Público Municipal sobre la actividad económica y los demás tributos municipales sobre inmuebles urbanos, vehículos y publicidad comercial, los previstos en la Ley de Timbre Fiscal y los impuestos aduaneros.
