La intervención a la universidad

La criminalización del paro universitario con la amenaza a los directivos de la Asociación de Profesores de su enjuiciamiento y la decisión de un tribunal de declararlo ilegal y convocar a clases a profesores y estudiantes, no sólo es una injerencia ilegal contra la autonomía universitaria establecida en la Constitución Nacional vigente, sino también un acto de intimidación contra todas las universidades autónomas y un claro indicador de que pueden estar preparando la intervención judicial y definitiva contra la universidad democrática y autónoma. El gobierno tratará de sustituir la intervención policial y militar, por la del Tribunal Supremo de Justicia o  de cualquier juez sumiso  para presentar una imagen de  legalidad, pero no podrá engañar a la Venezuela democrática que acompañará  en la resistencia que presentará la comunidad universitaria.
La asfixia presupuestaria a las universidades forma parte de la agresión a su condición de centro crítico del pensamiento, donde circulan libremente todas las corrientes o ideologías que el ser humano ha inventado, para tratar no sólo de vivir en libertad, sino también para servir de ejemplo de convivencia democrática, civilizada, que resulta inaceptable para los bárbaros que se han entronizado en el poder. Afortunadamente las universidades no solo forman parte de un pequeño universo de libertades y debates por la consolidación de la democracia, sino que en su seno se reportan diariamente los avances de la ciencia, de la tecnología y de la cultura humanística que caracterizan al primer mundo.
Frente a la exigencia del gobierno ¨revolucionario¨, de extender el voto a empleados y estudiantes para elegir las autoridades que deben conducir los destinos de nuestras máximas casas de estudio, se levantará la Universidad Democrática, no sólo porque dicho solicitud es ilegal, sino también porque un universo de electores distinto al Claustro Universitario, pueda distorsionar los objetivos de formación científica, tecnológica y humanística de los educandos, propios de toda universidad, a la hora de elegir autoridades.
El objetivo del gobierno no es, desde luego, la transformación de la universidad en un centro superior de la excelencia, y ni siquiera de una mayor democratización de esas casas de estudios al darles participación a empleados y obreros para elegir autoridades. La Universidad de la excelencia sólo se la puede plantear un gobierno formado por los mejores cerebros políticos del país y de una firme vocación democrática, y no un régimen mayoritariamente dirigido por mediocres, corruptos  y de tendencia represiva.
Si el gobierno impone el Reglamento demagógico para darle el voto a todos los estudiantes y empleados, las universidades deben discutir la posibilidad de aceptar el reto y derrotar a los ignaros y oportunistas candidatos del gobierno en elecciones universales, no sólo porque el autoritarismo y el militarismo son rechazados por la mayoría de la comunidad universitaria, sino también porque ésta puede elegir a los mejores o a las más calificadas autoridades, en sus distintos niveles, desde el Rector hasta los directores de escuelas.
Después de más de más de 60 agresiones a la Universidad Central de Venezuela  y a otras Casas de Estudios Superiores Autónomas,  que  registran las autoridades y los estudiantes miembros de la Federación de Centros Universitarios (FCU), quienes han presenciado y sufrido directamente el impacto de la violencia que generalmente protagonizan los grupos paramilitares del chavismo, hasta hoy esta vía no les ha permitido someter a las universidades, que siguen siendo centros de discusión y formación crítica del profesorado y en particular del estudiantado, sin descartar el grado de conciencia ciudadana demostrada por empleados y obreros, que si bien tienen objetivos distintos a los del proceso de enseñanza-aprendizaje, han tenido y tienen la oportunidad de compartir sus luchas por sus legítimas reivindicaciones económicas y sociales, con la defensa de las libertades públicas.
La Universidad volverá a vencer las sombras, las amenazas e incluso cualquier tipo de intervención, judicial, policial y militar. La pueden hasta ocupar por la fuerza, mediante maniobras leguleyas, pero no someterán el pensamiento crítico ni las convicciones libertarias, históricas, de la comunidad universitaria.