La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la incapacidad y, en algunos casos, descomposición de los cuerpos policiales, más los crímenes cometidos por mafias paramilitares, en que han devenido los grupos de defensa de la revolución, creados por el gobierno.
Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente ordenó la intervención del Ejército para intentar de frenar los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo, a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar al Ejército revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica. Al hampa común se suma el hampa uniformada, verdaderas mafias que manejan armas de guerra, frente a las cuales la policía se encuentra en situación de inferioridad, con pistolas 9 milímetros.
En los países con gobiernos democráticos en los que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, el combate al hampa común es una misión de las policías, bien armadas y entrenadas, las que en caso de emergencia, por no poder controlar con sus armas a los grandes capos del crimen, solicitan la cooperación de las Fuerzas Armadas. En Venezuela el Presidente ha colocado a la cabeza de la ofensiva contra la delincuencia a varios Generales del Ejército, Rodríguez Torres y González López entre los últimos, Ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quienes comandan, según anuncios oficiales, a miles de hombres de tropa y a todas las policías de la nación.
La política de seguridad ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al atacar las consecuencias y no corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a millones de marginales y se creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha servido una nueva policía nacional ni la intervención de la Fuerza Armada. Por lo contrario, esa policía y algunos guardias nacionales se han convertido una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de algunos de los integrantes de esos cuerpos policiales y militares en el contrabando, la extorsión y la represión a ciudadanos inocentes.
La utilización de la FANB ha dado lugar a por lo menos dos lecturas. Una que aparentemente esa puede ser una solución, si su actuación se combina con el CICPC y las policías regionales, municipales y con las comunidades. Y otra que los oficiales y soldados del Ejército no han sido preparados para cumplir funciones policiales y se teme el aumento de la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que por una u otra razón sean detenidos, como ha sucedido con muchos jóvenes apresados por la Guardia Nacional Bolivariana.
Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se procede al desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, incluyendo granadas militares, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.
Y como todos los ciudadanos se sienten amenazados por el hampa, no hay dudas de que muchas personas apuestan por el éxito del último plan de seguridad nacional, denominado Operación por la Liberación del Pueblo (OLP) después que fracasaron los 20 anteriores, concebidos y dirigidos por 15 ministros de Interior y Justicia. Todos los ciudadanos de formación democrática esperan que no sea utilizado por reprimir manifestaciones por las reivindicaciones sociales, en momentos en que la inflación ha convertido en sal y agua los precarios sueldos y salarios que vienen devengando los empleados públicos desde hace 3, 4 y hasta más años, durante los cuales no se han firmado contratos colectivos con la Administración Pública. También esperan todos los ciudadanos que este plan no sea utilizados para perseguir la disidencia política, ni para reprimir sus manifestaciones pacíficas, garantizadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De lo contrario estaríamos entrando en un proceso de radicalización de la represión y la violencia políticas, con consecuencias impredecibles, no deseadas para ninguna nación en la tierra, y en particular para un país democrático y civilizado, como aspiramos a consolidar el nuestro.
