La igualdad ante la ley

No hace falta ser abogado para darse cuenta que en una sociedad libre, plural, abierta a todas las corrientes del pensamiento universal,con predominiodel estado de Derecho, como teóricamente se proclama Venezuela en el Artículo 2 de su Constitución Nacional, donde se expresa en forma indubitable  que nuestra Patria se constituye en un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, la igualdad de todos sus ciudadanos ante la ley, es un principio rector y esencial,de cuyo cumplimiento deben estar pendiente todos los órganos del  Estado. Esa igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, no sólo se presupone por la redacción del citado Artículo 2 de la Carta Magna, sino que es expresamente consagrada en los Artículos 7 y 21 del Texto Fundamental.
Los ciudadanos que hoy ocupan cargos de gobierno, tienen unas limitadas prerrogativas para facilitar el ejercicio de sus funciones, pero no tienen más derechos que los demás ciudadanos. Ni tienen privilegios.  Esas regladas y limitadas prerrogativas son temporales y de su correcto ejercicio deberán rendir cuenta al finalizar su mandato e incluso antes, si se tuviera conocimiento o indicio de haber abusado de ellas o de haber faltado a sus obligaciones constitucionales y legales. El poder impone serias responsabilidades y debe ser ejercido para servir y no para servirse de él y mucho menos para hacer valer, abusivamente,  privilegios sobre los demás ciudadanos.
No creo exagerar al señalar que el actual régimen venezolano ha sido en estos 14 años de ejercicio del poder, un gobierno de abusos, de repetidos y constantes actos abusivos de poder, por supuesto todos anticonstitucionales e ilegales, sin que haya habido, por otra parte, algún órgano del Estado que se haya atrevido a frenar ese abuso. Por el contrario, los otros órganos del poder público venezolano, se han prestado servilmente, para darle un barniz de legalidad y constitucionalidad a los abusos del Ejecutivo Nacional. Los ejemplos sobran, sólo mencionaré algunos: el caso lamentable de la doctora María de Lourdes Afiuni, todavía detenida sin que haya habido delito en su actuación ni juicio alguno donde demostrar su inocencia; Globovisión, multadapor haber informado correctamente lo que ocurría en una cárcel caraqueña y el caso de las repetitivas cadenas presidenciales en plena campaña electoral,  difundidas con la sola finalidad de promover la candidatura oficialista a la presidencia de la república, usando los medios públicos que son de todos los venezolanos. De esta intolerable actitud gubernamental, deberán rendir cuenta los actuales funcionarios. Castigarlos es una necesidad ejemplarizante, para que en el futuro los que vengan ajusten su actuación a la Constitución y a las demás leyes.
El último abuso de los actuales gobernantes, concretamente del CNE, cuya mayoría está al servicio del gobierno, por eso digo de los actuales gobernantes, ha sido prohibirle al candidato Henrique Capriles, el uso de una gorra en la que aparecen los colores de la bandera nacional y el escudo de la república. Se argumenta para esa prohibición, una disposición legal que prohíbe el uso de los símbolos patrios en la publicidad de candidatos, que no es el caso, porque Capriles se ha limitado a usar la gorra como atuendo de su vestimenta, allí no se lee ninguna invitación a votar por él, simplemente la usa. Por mi parte, yo también la voy a usar.  Mientras tanto, el ya viejo candidato oficialista, lleva 14 años vistiendo la chaqueta con los colores patrios y en la actual campaña se promueve con un corazón  pintado con el tricolor nacional y las estrellas de la bandera. Por si eso fuera  poco, basta con visitar cualquier oficina pública, para ver la insistente promoción al candidato oficialista y la presión a todos los funcionarios públicos, como si fueran empleados del PSUV y no de la nación, para que asistan a los actos de campaña del candidato a la reelección, todo en abierta violación a la Constitución Nacional y a las leyes de la república. Todos somos iguales ante la ley, empezando por el Presidente de la república, quien debe serel primero en dar  ejemplo de su estricto cumplimiento. No olvide Presidente, que hace 19 años fue destituido, enjuiciado y condenado un Presidente venezolano, quien aceptó aquel veredicto cívica y ejemplarmente. Aunque en este momento no hay instituciones en Venezuela para que ocurra algo similar, la justicia, tarde o temprano,  siempre llega. A Capriles se le debe exigir cumplir con la ley, sí, pero a Chávez también, todos somos iguales ante la ley. No será que están temblando ante el avance de Capriles?