Durante un tiempo pensé que muchos funcionarios del gobierno de Chávez, hoy de Maduro, no conocían la Constitución Nacional, aun aquellos que integraron la Asamblea Constituyente.Cambié de parecer, hoy pienso que a esos funcionarios nunca les interesó la Carta Magna. Las violaciones a la misma son tan reiteradas que la conclusión es que sufrimos un gobierno de facto. Algún día, por ejemplo, haré el recuento de lo ocurrido durante los meses de diciembre de 2012 hasta abril de 2013. Con el aval del TSJ se pulverizó la Constitución Nacional de 1999, lo cual venía haciéndose desde mucho tiempo atrás, pero en esos meses se dio la estocada final, la barbarie definitiva.
Por tanto, estoy convencido de que lo ocurrido en estos días con la empresa privada, tiene su origen en la ausencia de respeto a las normas constitucionales, en especiallas que regulan la vida económica. No hay tampoco instituciones que restablezcan la Carta Magna, las que tenemos interpretan la Constituciónen forma absolutamente interesada, para favorecer las acciones que el gobierno realiza y no hay manera de que se respeten los derechos de factores diferentes al régimen.
Alguna vez le leí la norma constitucional que voy a referir, a un grupo de estudiantes de la UCLA, ninguno creía que estuviera en “la mejor constitución del mundo”, así calificada por el hoy “galáctico comandante”, y no porque no pueda ser la mejor constitución, sino porque la conducta del gobierno ha sido contraria con lo allí establecido. El artículo 112 constitucional garantiza la libertad económica: “Todas las personas pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social.” Es decir, el principio general en esta materia es la libertad económica y las restricciones a la misma deben estar establecidas en una ley, de manera que no impidan su ejercicio salvo las excepciones que se establezcan. No ha sido ese el comportamiento del actual régimen, que ha desatado una terrible persecución contra el empresariado nacional, cuya actividad se ha visto reducida en forma dramática para perjuicio de todos los venezolanos, especialmente para el joven profesional que sale al mercado de trabajo buscando un futuro para sus legítimas aspiraciones y para el consumidor.
Pero aún más, el mismo citado artículo 112 establece con toda claridad que “el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.” Ese sí es el verdadero plan de la Patria. El régimen se empeña en apartarse de él.
