La universalidad de los Derechos Humanos caracteriza el hecho de que todos somos distintos, pero ante la Ley, todos somos iguales, es decir, nadie tiene que renunciar a su identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercerlos.
Estos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, por ello es que muchos se encuentran consagrados en normas jurídicas nacionales, como la Constitución, pactos, tratados y convenios internacionales.
Venezuela ha dejado de ser un Estado de Derecho democrático y todo lo demás porque, cuando la inseguridad desborda, cuando la delincuencia en cualquier punto cardinal de este país hace de las suyas, ahora vamos a ser atropellados por los militares autorizados para disparar contra las manifestaciones que se generen en la nación.
Según orden emanada del Ministro de la Defensa, General del Ejército, Vladimir Padrino López, se instruye a los efectivos a utilizar armas de fuego y sustancias tóxicas para reprimir cualquier protesta que se pueda realizar dentro del territorio nacional.
La resolución 008610 publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015, establece un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye el “Uso de la fuerza bien con el arma de fuego o con otra potencialmente mortal”, como último recurso para “Evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Un arma de doble filo, porque la resolución se protege antes en su artículo 20 donde habla del uso progresivo y diferenciado de la fuerza: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana adoptará normas y principios comunes y uniformes, para aplicar la fuerza que fuere necesaria de forma progresiva y diferenciada, orientados en todo caso por la afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal…garantizando el respeto por los derechos humanos”.
De manera tal, que si la Fuerza Armada Nacional entra a una manifestación haciendo “Uso de la fuerza potencialmente mortal” como último recurso, ya aplicada anteriormente cuando violaron residencias y persiguieron a estudiantes haciendo uso de sus armas de reglamento, etiquetando esta resolución durante las recientes guarimbas, ¿quedará espacio para demostrarle al gobierno todo lo contrario sobre el uso arbitrario de su poderío?
El pueblo de Venezuela entiende la formalidad del Ministro como la legalización de la pena de muerte en Venezuela a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, sin juicio, ni mecanismos legales previos, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice en su artículo 69 que, “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
La pena de muerte, pena capital o ejecución, quedará entonces en manos del soldado venezolano, con su sabiduría para defender la Patria o ajusticiar al prójimo, recordando aquellos grafitos cuando los toques de queda durante las insurrecciones contra el gobierno de Rómulo Betancourt cuyos mensajes decían,”Soldado, no dispares contra el pueblo, que tú también eres pueblo”.
¿Manifestar ¿es un delito capital?
Clara demostración de desespero ante la evidente crisis institucional por la que atraviesa el Gobierno venezolano.
Gracias por sus bendiciones padrino. También te queremos.
