Sobre la proliferación de denuncias de persecución contra los empleados públicos que han manifestado una opinión contraria a la del Gobierno nacional, especialmente quienes hayan votado en favor de la oposición en las pasadas elecciones presidenciales, el sociólogo Nelson Fréitez recuerda que este tipo de prácticas no es algo nuevo en Venezuela.
En la actualidad, el seguimiento a los trabajadores de la administración pública se habría extendido hasta la solicitud de que quienes sean “sospechosos” de pertenecer a la oposición de presentar una relación de los contenidos publicados a través de sus cuentas en las redes sociales y los mensajes de sus correos electrónicos que evidencien el seguimiento de la línea de pensamiento fijada por el Gobierno.
“Esto constituye una violación a la libertad de pensamiento, expresión y la intimidación contra el carácter secreto del voto, además de una expresión antidemocrática y que afecta la estabilidad laboral de los trabajadores”, dijo.
La imposibilidad de conocer por quien votan los electores cuando se enfrentan a las máquinas de votación, sería el motivo por el cual desde los Poderes Públicos se optaría por la persecución a los venezolanos que se identifican ya sea trabajando por el gobierno o percibiendo beneficio a través de una misión. Esta situación es objeto de estudio en la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. “Este primero de mayo esa será una de las consignas principales que los trabajadores denunciarán en pancartas ante la lesión que esta prática constituye para la estabilidad laboral”, expuso.
Lista de amargura
Fréitez recuerda la tragedia que el país experimentó con el nacimiento de la “lista Tascón”, recopilación de los nombres de aquellos ciudadanos que se manifestaron a favor de activar el referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en el año 2004, la cual habría sido ordenada por el mandatario al diputado a la Asamblea Nacional, Luis Tascón, para impedir el ingreso en la administración pública del los allí firmantes y negociaciones con el Estado.
La lista se recuerda como uno de los más alarmantes antecedentes utilizado para intimidar y forzar la libre decisión de los venezolanos con respecto a sus opciones políticas. Fréitez estima pertinente advertir que ahora podría repetirse, sobre todo en empresas estatales como Petróleos de Venezuela S.A., y Corpoelec, así como gobernaciones y alcaldías, con la persecución a sus empleados.
