El secretario general de la OEA José Miguel Insulza se pronunció el martes en contra de suspender a Paraguay por la destitución del presidente Fernando Lugo y propuso enviar inmediatamente una misión que supervise los preparativos para los comicios presidenciales previstos en abril próximo.

Al comparecer ante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Insulza estimó que una suspensión ``no contribuiría a alcanzar nuestros objetivos. Al contrario, incrementando la presencia activa de los órganos de la OEA evitaría aumentar las divisiones en el seno de la sociedad y el sistema político paraguayo y causar sufrimientos innecesarios al pueblo de ese país''.

``No olvidemos que existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar'', dijo Insulza al rendir el informe para cuya elaboración visitó la capital paraguaya la semana pasada. ``La suspensión en la OEA conllevaría altas implicaciones económicas para el país dado el impacto directo de la decisión en otras instituciones del sistema interamericano''.

La postura de Insulza contradice de manera frontal la postura asumida por los bloques regionales Unasur y Mercosur, que suspendieron temporalmente a Paraguay al considerar que la celeridad del Congreso en destituir a Lugo violó su derecho al debido proceso.

Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador habían solicitado la suspensión de Paraguay durante la más reciente sesión extraordinaria que la OEA dedicó a Paraguay, el 26 de junio, por lo que se espera sus respuestas a las recomendaciones del secretario general.

Durante su estadía en Asunción, Insulza se reunió con diversos actores. Viajó acompañado por representantes de Estados Unidos, Canadá, Haití _en representación del bloque caribeño Caricom_ Honduras, a nombre del SICA y México, en representación de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Ningún país miembro de Mercosur o Unasur integraron la misión.

Insulza mantuvo el martes la postura expresada antes de su viaje: que si bien la destitución tuvo una celeridad que debilitaba el proceso, no lo consideró un golpe de estado ya que el procedimiento está comtemplado en las leyes paraguayas.