Este viernes, el ministro para la REDI en centroccidente, Luis Reyes Reyes, anunció la segunda fase de ofensiva económica promovida por el Gobierno nacional con la cual abordán tres ejes: el abastecimiento, producción y precios justos.
En la sede de la 14 Brigada de Infantería, se llevó a cabo el acto del lanzamiento operativo que contará con la asistencia de funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos, antiguo Indepabis, así como de efectivos militares.
“Vamos a garantizar los alimentos y otros productos para las familias larenses; con nuestros fiscales podremos detectar cualquier irregularidad en el mercado. Al mismo tiempo, estamos brindando apoyo a los productores a fin de que no falte ninguno de los rubros en sus cosechas y, de esta manera, las hortalizas vayan directo del campo a los consumidores”, añadió.
Por su parte, el general César Figueira, al frente de la 14 Brigada de Infantería, explicó que para dicho operativo elaboraron tres rutas de fiscalización: la primera será en la avenida 20, desde la avenida Vargas hasta la calle 42; también en la intercomunal Cují-Tamaca y; por último en la carrera 21 desde la avenida Vargas hasta el mercado El Manteco.
Sin embargo, le corresponde a la Superintendencia de Precios Justos, la revisión exhaustiva de los diferentes establecimientos, tanto de alimentos como los demás prestadores de servicios. Valentina Querales, superintendente en Lara, explicó que los comerviantes están en la obligación de realizar el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.
El Rupdae como es conocido el registro, está contemplado en el artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica de Precios Justos: “deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Rupdae y su inscripción es requisito indispensable a los fines de realizar actividades económicas y comerciales en el país”, establece el artículo 22.
La Ley Orgánica de Precios Justos contempla además sanciones monetarias y hasta cárcel para quienes incumplan algunos artículos. El acaparamiento, por ejemplo, señalado por el artículo 54 establece un período de cárcel entre los 8 y 10 años; entre 1.000 y 50.000 mil unidades tributarias por multa.
El boicot, denunciado en varias ocasiones por el presidente Nicolás Maduro, se condena en el artículo 55 de la Ley y representa entre 10 y 12 años de prisión.
El condicionamiento, artículo 58, entre 2 y 6 años de privativa de libertad; mientras que la usura tiene un castigo, de acuerdo al artículo 60, entre 4 y 6 años de cárcel.
