El hecho de mover de forma arbitraria a los internos de un penal dificulta, en primer lugar, el seguimiento de sus casos por parte de sus tribunales de origen, amén de los problemas que la movilización trae a los familiares, y sin contar con el hacinamiento en las cárceles de destino y la corrupción y tráfico de armas.
La combinación de estos factores, a juicio de Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, podría ser el detonante de una situación de violencia dentro de una estructura como el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como la Cárcel de Uribana.
“Las cárceles están depositadas encima de barriles de pólvora, que cada vez que explotan es cuando se acuerdan de ellas”, dijo Prado y recordó que el objetivo del traslado de los presos de Uribana era traer a los presos larenses, pero ahora tienen presos de Sabaneta.
La responsabilidad de los problemas generados por la situación no sólo de los privados de libertad, sino de los guardias de las cárceles que también sufren los traslados, recaería en la mala política de quienes gerencian las prisiones.
Sobre la gestión de Iris Varela al frente del Ministerio del Servicio Penitenciario, el activista señaló que luego de dos años de su nombramiento, la funcionaria lleva en sus hombros el peso de más de mil fallecidos. El principal problema sería la calidad de gerencia de las prisiones, donde debe comenzar la revisión ante los resultados sangrientos.
“Cuando los problemas los solucionas mandándolos (a los presos) a otros estados, lo que haces es generarle problemas a esos estados. Tampoco veo de parte de las personas que actualmente manejan las cárceles experiencia ni gerencia de calidad”, dijo.
Craso error legislativo
Sin embargo, para Prado el mayor error en materia penitenciaria sería la puesta en vigencia del Código Orgánico Penitenciario, debido a que este instrumento nace de una lectura errónea del artículo 272 de la Constitución, donde se establece la descentralización de las cárceles.
“Ese artículo lo sepultaron y escupieron, porque el Código aprobado centraliza la gestión en manos del Ministerio del Servicio Penitenciario. Todo lo que costó poner en la Carta Magna la descentralización para que las cárcelas pasaran a los gobiernos regionales lo mataron en la Asamblea Nacional”, explicó.
