“Crónica de una muerte anunciada”, cuyo autor es Gabriel García Márquez, relata que una joven de un pueblo de la costa del Caribe colombiano se casó con un forastero rico y éste la devolvió a sus padres por no haber llegado virgen al matrimonio. Los dos hermanos gemelos de la rechazada, después de saber por boca de ésta quién fue el que la sedujo, salen armados de sendos cuchillos a buscar al culpable.Tratan de que todo el pueblo, incluido el cura y el alcalde, sepa lo que van a hacer, buscando que alguien impida la venganza. Finalmente ocurre lo que se sabía que ocurriría: es asesinado Santiago Nasar, el protagonista de la novela.
Traigo a colación, e incluso tomo libremente parte del título para este artículo, el tema de lo que son muertes anunciadas. Kluivert Roa, el adolescente muerto en una calle de San Cristóbal, es un caso emblemático. Este año 2015, en preámbulo de lo que se esperaba como un nuevo febrero candente, el Ministerio de la defensa aprobó la resolución 8610 con lo cual se abrió la puerta para el uso de armas potencialmente letales en el control de las manifestaciones y protestas ciudadanas.
En su momento, las organizaciones de derechos humanos –tanto nacionales como internacionales- manifestaron su rechazo y cuestionaron esta medida, entre otras cosas porque va en contravía de lo que son los estándares internacionales. Muchas de estas voces en el campo de los derechos humanos, que nacieron literalmente a fuego en el contexto del “Caracazo”, hicieron ver que con esta resolución era sólo cuestión de tiempo que se comenzaran a contar las víctimas fatales en el contexto de la protesta pacífica. Quedará para la historia la respuesta del general Padrino López, ministro de la Defensa y cuya rúbrica está estampada en la resolución 8610, quien dijo que esta decisión oficial “es hermosísima”.
Una bala disparada por un uniformado acabó con la vida del joven Roa. Así haya sido de plástico, como se quiere matizar, terminó siendo letal. También resultan galimatías la distinción que quiere hacer el defensor del pueblo (¿o defiende a las autoridades?), cuando asevera que fue un policía y no un militar quien accionó el gatillo en el caso del adolescente fallecido en San Cristóbal, como si eso hiciese una gran diferencia.
La muerte de Kluivert Roa estaba anunciada desde que se aprobó la resolución 8610 y la reacción oficial fue desestimar recomendaciones de expertos y organizaciones especializadas en los derechos humanos.
El adolescente además vivió dos hechos de violencia. El primero: el oficial de la Policía Nacional Bolivariana que disparó y certeramente dio en su cabeza. El segundo: el linchamiento moral que encabezó el jefe de Estado en cadena nacional de radio y televisión, acusando al joven fallecido (sin posibilidad alguna de defenderse) de ser parte de una “secta de la derecha”.
Otro hecho que habla de que además de ser una muerte anunciada tampoco se establecerá con claridad lo ocurrido. El mismo día de los sucesos el presidente Nicolás Maduro aseveró que había dado órdenes de investigar el hecho “a fondo”. Pues, según el seguimiento de agudos periodistas de San Cristóbal, la primera comisión del CICPC que se presentó para realizar las experticias lo hizo 48 horas después de los sucesos.
Kluivert Roa fue una muerte anunciada. ¿Cuántas más habrá en esta Venezuela adormecida por la violencia real y simbólica? La lógica del poder, en tanto, se impone en el terreno comunicacional: rápidamente se etiqueta a unos y otros. Kluivert Roa no escapó a esa dinámica.
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