El profesor Juan José Pérez, economista y coordinador de la cátedra de Economía de Venezuela del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (DAC-UCLA), se refirió, a propósito de las jornadas de Economía, a las Profecías petroleras, una falsa y otra que inicia.
Pérez explicó que la etapa que fenece tiene que ver con la potencia energética mundial, en la cual el Gobierno venezolano depositó todas sus esperanzas. Se suponía que Venezuela iba a contar con unos ingresos crecientes durante mucho tiempo, duplicaría su producción e incrementaría indefinidamente el precio del barril de petróleo. Todo parecía indicar que marchábamos hacia la “suprema felicidad”.
Ciertamente, dijo, hubo una bonanza petrolera, sin embargo, se trató de una prosperidad a un ritmo acelerado. En términos porcentuales el precio del petróleo creció en 25% entre el año 2000 y 2008, luego se produjo una contracción y ese ritmo bajó a 4%. A partir de 2012 el precio comenzó a decrecer lentamente. Desde septiembre 2014, el precio está en franca caída, iniciándose un nuevo e histórico ciclo de los precios.
“La explicación es muy simple. Por un tiempo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue reina y señora del mercado y podía incidir en los precios. Ahora, surgieron nuevos productos, con otras características, gas shale o petróleo de esquistos. Esa explotación comenzó en EEUU, maduraron las inversiones y se comercializó ese hidrocarburo con dos características: puede producirse a costos más bajos y se calcula que las emisiones de Co2 se reducen a la mitad. Esa conciencia ambiental llevó a los consumidores a preferir esa energía”. En el tablero energético no está solamente la OPEP, apareció un competidor muy grande, como lo es EEUU, país que minimizó la dependencia energética del Medio Oriente y Venezuela por diversos factores, específicamente de corte político.
-¿Qué significa eso?
-Que no aumentarán los precios porque sencillamente EEUU y otros países se apoderarán de una cuota mayor del mercado. En esta nueva profecía energética aparecen crudos no convencionales. Vale destacar que las mayores reservas de petróleo de esquistos y gas shale están situadas en Estados Unidos y China. Es probable que estas dos grandes potencias no le compren a la OPEP, lo cual trastoca el universo petrolero. Adicionalmente, otros países como Polonia, Argentina, Brasil y Francia, han descubierto yacimientos petroleros, no obstante, en estas naciones está bastante desarrollada la conciencia ambiental. El hecho es que son naciones que se sumaron al mercado, con precios más bajos y la amenaza de aumentar la producción.
-¿Podrá revertir el Gobierno esta caída de los precios?
-El Gobierno lo que no quiere es sembrar alarma. Lo que ocurre no es nuevo, ya sucedió entre 1981 y 1987, cuando Venezuela vivió años de tribulación económica. Cayó el precio del petróleo y el volumen de ventas. Lo que caracteriza la situación actual es que hay un exceso de petróleo en el mercado. Los precios siguen en caída porque hay un competidor fuerte con precios más bajos.
-¿Tiene relación la caída de los precios del petróleo con las fallas en el suministro de gasolina?
-No. Esa es una falla de otra naturaleza. El desabastecimiento de gasolina que se registra tiene que ver con la insuficiencia de diluyentes que se utilizan para procesar los petróleos pesados y convertirlos en crudos livianos. Ese proceso requiere nafta que el país no produce. Esos diluyentes se importaban pero como ahora son altamente costosos, el Gobierno decidió comprárselo a Argelia. Por otra parte, la refinería de Amuay y El Palito han confrontado serios problemas. Esta realidad mejorará, sin embargo, desde el punto de vista contable, se traduce en una sangría de dólares para la nación porque esos diluyentes deberían producirse en el país.
Variables en juego
A juicio de Pérez, es fundamental modificar el precio de la gasolina. El ajuste debe ser paulatino y al ritmo de la inflación. Para evitarse problemas sucesivos debería anclarse a una fracción de la Unidad Tributaria. El objetivo es contener el despilfarro y el contrabando de combustible. Como es tan barata el consumo es irracional.
“La devaluación es una solución delicada debido a sus diversas aristas políticas. El Gobierno atiende la mayoría de los programas de alimentación con productos importados. Modificar el tipo de cambio significaría comprar con los mismos bolívares menos productos, generándose un problema con los programas de Mercal, Pdval… Por otro lado, alterar el Sicad significa disparar la inflación en un ambiente electoral. Son variables que están en juego, devaluar o no hacerlo implica riesgos. La inacción también acarrea un costo político.
“La gran crítica que se le hace al Gobierno es que hasta ahora no ha diseñado ninguna medida anti inflacionaria. Lo único que hace es acusar por los medios de comunicación a la oposición de apátrida, entre otros calificativos, no apunta hacia lo económico sino a una ideología política de señalar culpables, sin resolver el problema económico”.
Consecuencias
Es probable que el precio empiece a bambolear, a subir y bajar en una franja entre los 50 y 60 dólares por barril, por un año sería esa inestabilidad. “En ningún caso estaría por debajo de ese límite, salvo a largo plazo, porque los costos de extraer a los sustitutos impiden bajar de ese margen ya que nadie va a vender a pérdida”.
El otro impacto está relacionado con esa “adicción” a los dólares, expresión monetaria del petróleo. “En el país necesitamos dólares para muchas operaciones, para mantener el parque industrial por ejemplo y ante la escasez de divisas, el dólar seguirá su ascenso en el mercado negro. Ante este escenario no hay posibilidad de que el gobierno pueda abastecer a Cencoex, Sicad I y II. Salvo que el Gobierno incurra en la venta de activos de la nación, préstamos internacionales o aumente el dólar oficial, lo cual se traduce en una devaluación”. Pérez explicó que el convenio cambiario N° 30, aprobado hace un mes, le permite a Pdvsa vender dólares para los aportes presupuestarios a Bs.50 y no a Bs. 6,30. “Por allí el Gobierno tiene un respiradero, para unos cuatro o cinco meses”.
