Gobierno tiene una política contra el sector privado venezolano

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Desde hace ya varios años, el Gobierno nacional ha venido suscribiendo convenios para que empresas de Irán, China y otros países participen en el desarrollo de planes de viviendas masivas en el país, pero no todas esas constructoras garantizan la ejecución de los proyectos y muchos de estos han quedado paralizados.

Esta situación es preocupante, dice el ingeniero  Omar Montero, ex presidente de la Cámara de la Construcción del estado Lara, porque en Venezuela son muchas las constructoras nacionales que han desaparecido al no tener la posibilidad de competir con esas empresas del extranjero.

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Últimamente hemos visto cómo en algunos diarios venezolanos han aparecido avisos de esas empresas del exterior solicitando la incorporación de subcontratistas, lo cual quiere decir que están requiriendo de empresas venezolanas para poder ejecutar los planes de obras que han recibido del gobierno nacional para llevar a cabo la denominada Gran Misión Vivienda.

Conviene señalar que no había necesidad de recurrir a empresas del extranjero, porque en Venezuela las constructoras nacionales han demostrado ser muy competentes en la ejecución de proyectos importantes.

-¿Es la tecnología el motivo fundamental por el cual se contratan empresas de otros países, muy alejados de Venezuela?.

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-Eso no tiene sentido. Desde los años setenta, las constructoras venezolana han incorporado las tecnologías más avanzadas y, por lo tanto, han demostrado capacidad para ejecutar los planes que han sido diseñados.

Lo que ha sucedido tiene otra explicación, muy bien conocida por todos, como es la que el Gobierno nacional ha concebido y desarrollado una política contra el sector privado venezolano.

Es por ello que dentro de esa lucha ha atacado a todos los factores que conforman el sector privado y dentro de éstos, como es natural, figuran las empresas constructoras.

Por una parte, hemos visto que ha existido el empeño de suscribir convenios con los gobiernos de Irán, China, Bielorrusia y otros países para desarrollar urbanizaciones en diferentes estados del país, incluyendo Lara.

Aunque muchas de esas empresas no han terminado las obras iniciadas, el Gobierno sigue suscribiendo convenios, aunque esas constructoras no garantizan el cumplimiento de sus obligaciones.

Es lamentable que esto suceda cuando en el país todavía quedan algunas empresas que tienen capacidad de trabajar en la ejecución de proyectos de viviendas masivas. Eso no se ve en otro país del mundo porque siempre se prefiere al capital nacional.

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