El conflicto entre el Gobierno y los sindicatos se acentúa. Ahora, los militares intentan persuadir a las organizaciones por la defensa de la revolución.
Así lo afirmó Pedro Peña, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción en Lara (Suticel).
Desde la época de Hugo Chávez, señaló, las discusiones de convenciones colectivas están paralizadas en empresas básicas, la mayoría del Estado.
Pero ahora, tratan de incorporar en las contrataciones públicas a las “milicias obreras”, una figura bajo la jurisdicción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), contó el dirigente.
En Lara, dijo, se han efectuado dos reuniones en la 14º Brigada de Infantería Mecanizada, donde los castrenses emplazan a sindicalistas a “la defensa del Gobierno y del presidente”.
Anunció que los sindicatos de la construcción son el primer objetivo para instalar las “milicias obreras”. Pero ellos están en desacuerdo.
“En vez de apartar, silenciar o militarizar a los sindicatos, el Gobierno debería generar empleos que es lo que necesitamos”.
FANB rodea a los civiles
“El 25 de junio apareció en Gaceta Oficial la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la cual obliga a los venezolanos con edades entre 18 y 60 años a inscribirse en un registro de naturaleza castrense”, alertó el secretario general del MAS en Lara, Armando Prado.
Según el profesor, con esta ley el Registro Civil queda subordinado a la FANB, una medida que atenta con los derechos.
“Cualquier ciudadano con las edades señaladas no inscritos en ese registro no podrá ejercer su derecho constitucional al trabajo en la empresa pública o privada. Tampoco optar por la licencia de conducir o el título universitario”, advirtió.
A su juicio, Venezuela se está convirtiendo en un cuartel. Indicó que la “bota militar” se impuso en las instituciones del Estado y ahora va por la sociedad civil.
El representante del MAS, contó que aparte de la nueva disposición legal, el Gobierno creó las Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BECE), que se asemejan a la derogada Ley “Sapo”.
“A estas se les debe suministrar toda la información que requieran por parte de los organismos públicos o privados, sin ningún control democrático, lo cual coloca a la sociedad civil en minusvalía, porque pretende convertir a todos en patriotas cooperantes”.
Por otra parte, rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que permite a miembros de la FANB pertenecer a partidos políticos.
Señaló que la medida atenta con lo previsto en el artículo 230 de la Constitución.
