El gobierno argentino redobló el miércoles sus críticas al fallecido fiscal Alberto Nisman, artífice de la denuncia más grave que haya recibido la presidenta Cristina Fernández, al calificarlo de «sinvergüenza» por usar de forma espuria fondos estatales destinados a investigar el atentado contra un centro judío.
El jefe de gabinete Aníbal Fernández arremetió contra Nisman al cuestionar el tipo de relación laboral y comercial que mantenía con su asesor informático Diego Lagomarsino, imputado por haber facilitado al fiscal la pistola calibre 22 que terminó con su vida, sin que hasta el momento se hayan tomado más medidas procesales en su contra.
A Nisman «se le dieron los fondos para que descubriera a los responsables del atentado… él se mofó de las 85 víctimas porque usó los dineros para salir con minas (mujeres)», dijo Fernández a periodistas.
Agregó que «están viralizadas las fotos del fiscal Nisman con varias señoritas y también para pagar ñoquis (gente que trabaja sin cobrar) como Lagomarsino, al que le sacaba el 50%» del sueldo.
Nisman fue hallado muerto en el cuarto de baño de su departamento el 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la mandataria por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. La mandataria ha rechazado las imputaciones.
El jefe de gabinete hizo estas declaraciones en referencia a la presentación que se prevé que realice el abogado de Lagomarsino y que indicaría que Nisman se quedaba con parte del sueldo que el técnico informático cobraba como asistente de la unidad especializada que encabezaba el fiscal para investigar el ataque a la AMIA.
Un juez federal desestimó la denuncia contra Fernández, pero un fiscal apeló esa decisión y la última palabra sobre la posibilidad de impulsar la pesquisa la tendrá la Cámara Federal de Casación Penal.
