A casi dos años de su fundación la Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz) presentó ayer el informe titulado “2014, el año de represión como política de Estado en Venezuela”.
Andrés Colmenárez, vicepresidente de la organización no gubernamental, expresó que sólo en Barquisimeto se registraron más de 450 detenciones y que un 34% de estas manifiestan no haber estado involucradas en las protestas o al momento de los disturbios. Dichas denuncias han sido consignadas ante el Minister¡o Público.
En Lara entre 350 y 400 personas sostienen régimen de presentación y otras de 150 han denunciado tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Actualmente 16 larenses se encuentran detenidos.
Al presentar el documento, destacó que en este son detalladas las prácticas más comunes de violencia contra manifestantes, entre las cuales destacan los ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policia Nacional Bolivariana (PNB) y grupos paramilitares; uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego; práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes; prácticas de tortura; amenazas de abusos sexuales; y detenciones arbitrarias.
Sumado a allanamientos sin orden judicial, criminalización de la protesta, ataques a manifestantes durante la transmisión de cadenas presidenciales de radio y televisión, operativos de la fuerza pública y paramilitar luego de las 6:00 de la tarde, agresión a periodistas en la cobertura de manifestaciones, persecución a dirigentes de partidos de oposición, persecución a líderes sociales y estudiantiles, además de amenazas y persecuciones a miembros de ONGs.
Agregó que existen casos en los que la Policia Regional del estado Lara (Polilara) también está implicada en estas violaciones.
Situación confusa
Funpaz ha observado que existe una reiterativa tendencia de imputar genéricamente delitos para determinar la aprehensión. Las acusaciones suelen ser intimidación pública, instigación púbica a la violencia y resistencia a la autoridad.
Sobre este respecto, el vicepresidente de Funpaz refiere que las capturas se generan en situaciones confusas, en las cuales los funcionarios de la GNB “reparten a discreción perdigones y bombas lacrimógenas”, y los manifestantes o transeúntes, como reacción natural del ser humano, corren para protegerse.
Situación que ha sido tomada para imputar genéricamente a los detenidos, aún cuando estos refieren no estar involucrado en las manifestaciones o han sido capturados en momentos y lugares distintos, como es el caso de los cinco detenidos de CANTV, ahora bajo arresto domiciliario.
En Venezuela
Un promedio de 12 manifestaciones diarias en distintas ciudades del país y un en total 4.000 manifestaciones, se registraron en 2012 en toda Venezuela, cifra que se multiplicó en 2013 y 2014, producto de la falta de respuesta efectiva por parte del Estado.
En todo el país, más de 3.000 personas deben presentarse periódicamente en los tribunales debido a medidas dictadas por la Fiscalía y Jueces.
Se sumarán a la calle
Sobre la posición fijada por el movimiento estudiantil, que aseveró saldrá a marchar el 12 de febrero, Colmenárez sostuvo que respetan y acompañan esta decisión, puesto que el derecho a la protesta pacífica es constitucional y humano.
Añadió que hacen seguimiento al caso de la madre e hijo que fueron detenidos por protestar en una cola en una cadena de farmacias, así como los cinco jóvenes que se mantienen bajo arresto domiciliario y la dama María Elena Uzcátegui, bajo el mismo régimen.
Asimismo acompañan el caso de los nueve jóvenes detenidos en los calabozos de Polilara, a quienes en reiteradas ocasiones han postergado, por causas ajenas, su pase a juicio y presentación.
Mantuvo que los acompañarán junto a sus familiares, hasta tanto se restablezcan sus derechos humanos y ciudadanos.
Mensaje de la iglesia
Monseñor Antonio José López Castillo, arzobispo de la arquidiócesis de Barquisimeto, manifestó que la iglesia es consciente de la situación presente en Venezuela y la importancia de hacer valer los derechos humanos, con un claro sentido democrático.
Refirió que la iglesia estará del lado de los jóvenes y sus derechos.
“Son libres de manifestar porque es un derecho constitucional.
Les pido que procuren protestar pacíficamente y que expresen sus inquietudes y deseos”.
Añadió que la juventud tiene un gran mensaje que dar a la sociedad, con su espíritu y palabra.
Reconocimientos por el apoyo
Funpaz otorgo reconocimientos a personalidades e instituciones que los han acompañado en su lucha por al defensa de los derechos humanos.
Además de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Foro Penal, Monseñor López Castillo, profesor Nelson Freitez y otros, fue reconocido el apoyo del diario EL IMPULSO, por la cobertura de los hechos y denuncias a través de sus páginas.
Recibió la licenciada María Andrea Jiménez, en representación de esta casa centenaria.
Cambia la vida
Moisés Ríos, detenido del caso CANTV-Av. Venezuela, quien estuvo más de 60 días en el Fuerte Terepaima, refiere que la vida la vida le cambió.
A pesar de que sostiene régimen de presentación y el caso fue sobreseído por orden del Ministerio Público (la medida aún no se ha ejecutado), manifiesta que ahora al salir a la calle no teme por los ladrones sino por los policias.
“Camino con más cuidado por las calles. No estoy pendiente de si me va a atracar alguien, sino de que un policia no me vaya a meter en un problema, porque los verdaderos criminales fueron los policias, que nos sometieron e hicieron prisioneros”.
No se presentó evidencia alguna en el caso. Asimismo manifestó estar en contra de los daños a la estructura de CANTV.
Rechazo al uso de armas mortales
Funpaz rechazó la resolución Nº 008610, dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la cual tiene como propósito regular la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar el orden público, la paz social, la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.
Consideran que esta medida viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en sus artículos 68, 329 y 332, y se aleja de los estándares internacionales que señalan que sólo los cuerpos policiales deben ser los responsables del control del orden interno. Además se genera en un momento de amplia represión.
Sostienen que los cuerpos militares no son los organismos adecuados para el control del orden interno.
Recordaron que la Fuerza Armada fue creada y entrenada para derrotar al enemigo en combate y por tanto, su participación en manifestaciones públicas podría ocasionar la violación de derechos humanos en contra de la población civil.
A propósito de la propuesta de ley de uso de armas mortales, Colmenárez recordó el caso de Eisler Vásquez, quien en 2013 fue herido en el rostro con disparo de perdigón.
El joven presentó la denuncia ante los entes competentes y par de años después, dos funcionarios fueron procesados e imputados por el caso.
