Introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un escrito solicitando la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos, acordaron por unanimidad los catorce sectores que integran el directorio de Fedecámaras, en su reunión ordinaria, por considerar que es inconstitucional.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa, el presidente del organismo cúpula empresarial, Jorge Roig, quien destaca que la nueva normativa es altamente punitiva y dañina contra la economía nacional, agregando que lejos de contribuir a mejorar la situación económica, agudizará la crisis.
-El Gobierno no termina de convencerse que las causas del desastre económico que tenemos, es precisamente el modelo económico e insiste en profundizarlo. Esta ley prescribe la oferta, por lo cual habrá menos bienes y servicios en la calle, aleja las inversiones (es punitiva) y declara de utilidad pública a todas las empresas y las cadenas nacionales, desde un puesto de comida rápida hasta una ferretería. La ley no hace ninguna excepción en esta materia, por el contrario es extensiva para toda la gama de servicios económicos que contribuyan a la producción, con lo cual se confisca la libertad del venezolano, borrando de un plumazo todas las posibilidades que la Constitución brinda, asegura.
Ratifica que al ser declaradas de utilidad pública, todas las empresas quedan listas para ser expropiadas, ser confiscadas por el Estado sin el pago oportuno. «Ninguna empresa, por grande o pequeña que sea, se salva de esta Ley».
Más controles
El presidente de Fedecámaras, asegura que esta nueva Ley produce más controles, más burocracia, una Ley que le da unos poderes discrecionales a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos(Sundee), exagerados y para intervenir en la economía venezolana, fijar precios, controlar precios de alquileres, agregando que aquellas empresas que no presenten un certificado de Solvencia de Precios Justos, no podrá tener acceso a los dólares en el Sicad o en Cadivi, indicando que esta norma es mucho más perversa para la economía.
Ratifica que la decisión de solicitar la nulidad de la Ley de Costos y Precios Justos se adopta por considerar que es inconstitucional y agravará la situación económica del país.
-Quita incentivos a a cualquier empresa que pensaba invertir en Venezuela; no es posible desde una mesa, por más preparados que estén, tratar de controlar la economía nacional o controlar las estructuras de precios de los diferentes productos que existen en la cadena económica del país, eso no funciona y nunca va a funcionar en esta Nación.
Advierte que se trata de una norma inconsulta, lo cual evidencia que no hay diálogo social en el país. Fue entregada a la consideración del público la semana pasada, con un reglamento que salió este martes y no resuelve las interrogantes que existen, de allí que el fondo de la Ley es o suficientemente importante para solicitar su nulidad.
