El pasado mes de abril, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, una demanda de nulidad contra la Ley Orgánica de Precios Justos por considerar que atenta contra las libertades económicas garantizadas en la Constitución y hasta la fecha no se han pronunciado al respecto.
A través de un comunicado de prensa indican que para el sector empresarial, la ley acentuará la inflación y el desabastecimiento que tanto afecta a la población venezolana.
“Fedecámaras no puede estar de acuerdo con una ley que viola los derechos económicos y que eliminó de un plumazo los derechos de los consumidores, razón por la cual tampoco puede estar de acuerdo con la inscripción en el Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas (Rupdae) que busca instalar un sistema que permita establecer los costos y las ganancias de las empresas”, sentencian. Asimismo rechazan el carácter “forzoso y coaccionado” con el que se está obligando a personas naturales y jurídicas a registrarse.
“Quienes no lo hagan pueden ser sancionados con multas desde Bs. 127 mil a Bs. 2 millones 540 mil”, critican. El gremio empresarial considera que este nuevo registro pasa a engrosar la lista de miles de trámites burocráticos que hace cada vez más engorrosa la actividad productiva nacional.
“Las distorsiones del mercado sólo desaparecerán cuando logremos aumentar la producción nacional, disminuyamos la hostilidad del entorno, la inestabilidad de las regulaciones y las distorsiones macroeconómicas”.
