Frente a la sede del Consejo Legislativo del estado Lara, estuvieron un grupo de propietarios del terreno que fue invadido en la urbanización Villas del Oeste, parroquia Juan de Villegas, en febrero del año pasado. Para la fecha, continúan esperando el desalojo de las personas que construyeron sus ranchos de zinc ante la grave crisis habitacional.

Nelson Pargas, vocero, declaró que tienen la documentación en regla y así lo demostraron ante la Fiscalía Número Dos del Ministerio Público. El Tribunal de Control número nueve, a cargo de la jueza Leilaly de Zicanli, ordenó el desalojo de los invasores, sólo que todavía no se ha cumplido.

“La orden de desalojo fue dada al general Freddy Hernández Parababí, de la 14 Brigada de Infantería, pero no lo llevan a cabo por intereses políticos. Hay una mala interpretación del socialismo: pretenden quitarles a unos para darles a otros; debe existir igualdad de derechos”, expuso el dirigente vecinal.

Truncado proyecto habitacional
Nelson Pargas explicó que tienen un proyecto del Instituto Nacional de Viviendas (Inavi) con 180 beneficiarios. Lamentó que la necesidad habitacional expuesta por ellos no tenga la misma aceptación de las personas que invadieron la propiedad.

“Se metieron a la fuerza, violentando nuestros derechos. Si no habíamos construido antes, era porque no contábamos con los recursos para el proyecto pero la obra ya fue aprobada por Inavi”, sostuvo.

La urbanización Villas del Oeste, está ubicada entre los límites de las comunidades El Rotario y Nueva Paz, con acceso por la avenida Florencio Jiménez, vía Quíbor. Hoy por hoy, se observan a los grupos familiares en los ranchos de zinc que colindan con la quebrada de esa zona.

El uso de servicios públicos, funciona de manera clandestina y aparentemente se encuentran gestionando la consolidación de un urbanismo de la mano con la Corporación Jacinto Lara (Corpolara) o antiguo Fudeco.

Cuando EL IMPULSO hizo la cobertura de la invasión, en febrero del año pasado, los ocupantes aseguraron que el terreno tenía años abandonado y servía de guarida para los antisociales.

César Gavidia, presidente del Concejo Municipal de Iribarren, expresó: “Invadir es un delito y en el Concejo Municipal aplicamos sanciones administrativas para quienes cometan esa falta grave”.
Agregó también que en la parroquia Juan de Villegas existen a disposición de los ciudadanos más de 2 mil hectáreas, justamente, para dar solución a las familias de escasos recursos económicos que no cuenten con casas. Invadir no tiene ningún sentido, expuso, recordando que es penado por la Ley.