Expectativas, controversias y retos

En estos días saturados de parabienes, hemos vivido la exitosa culminación del contundente triunfo de dos emprendedoras y valientes mujeres venezolanas; Rosa de Scarano y Patricia de Ceballos, hoy por afortunado designio, de sus democráticas comunidades, elevadas a las Alcaldías de San Diego (estado Carabobo) y San Cristóbal (estado Táchira) y capital heroica de Occidente, a quienes, la responsabilidad indeclinable, las interpuso en el trance, de sustituir a sus esposos, a quienes el régimen dictatorial, que ensombrece el país, por procedimientos ilícitos les allanó la dignidad de Alcaldes y los encerró en la cárcel.
El inaudito revés y tropelía, que matiza esta fechoría sin pena ni gloria, en cuanto a su comisión y magnitud, podríamos decir, nos da la imagen del acto depredador de esa índole, incrustado para siempre en nuestros anales de pueblo.
Jamás en la memoria de nuestra historia civil, se había perpetrado otro de semejante naturaleza: destrozó vilmente el sistema cívico y democrático del voto y se violó con gravamen irreparable la investidura de Alcalde que dentro de nuestra institucionalidad democrática, para la afirmación del proceso legal y constitucional, representa con absoluta legitimidad, la unidad política primaria de la organización nacional, así como durante el periodo de la colonia es el portavoz de los derechos populares y guardián de los intereses públicos.
Este fué el recriminable acto, impune todavía, que llevó a cabo, la sedicente autoridad, que no ha entendido, como es de presumir, que toda acción que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la Ley, son nulos de toda y total nulidad.
Para esta acción sin precedentes y de unánime repulsa, como es desquiciar el sistema electoral, el artículo 25 de la Carta Magna, establece este castigo inapelable: los funcionarios públicos que los ordenan o ejecutan, son reos de responsabilidad penal, civil o administrativa.
Desde los albores de la Republica, prevaleció un orden civil y la imprescindible necesidad de su plena vigencia y estabilidad institucional era la garantía de la existencia de un Estado Constitucional y de derecho. En esta presunción se basaban los estudiantes y profesores, que postularon al doctor José María Vargas, como nuestro primer Presidente Civil: “No son los hombres sino los principios que deben imperar en Venezuela pues, únicamente, la observancia de las leyes en favor de las instituciones y del bien común, consolidan la firmeza ética, el prestigio civil y la felicidad pública de la nación”.
Dos damas de voluntad heroica y emprendedora, han hecho el prodigioso designio de revertir a la legitimidad más pura, lo que había sido pasto, de la retaliación y la violencia. Por tan esmerado esfuerzo, el sistema electoral vulnerado por la acción conjunta del síndrome de la paranoia del odio es ya, el hilo sagrado de la bandera, que nos une e identifica para la buena causa de la renovación moral de la Republica ¡Bendita sea la voz que anuncia las auroras!
Con la mística unción de las mujeres bíblicas, que elogia y exalta en su radiante poesía la Madre de América Gabriela Mistral, con la prístina entereza de amor unido al patriotismo, legado imperecedero de Luisa Cáceres de Arismendi, en su irrenunciable compromiso con la patria y su destino, se llenan de honor con tan relevante victoria cívica y elevadas a la categoría de símbolo y de ejemplo de la gesta popular, en su irrenunciable batallar constitucional, pacífico y civilista para rescate de la libertad y la institucionalidad democrática, ultrajadas por los sátiros de la voluntad de poder.