Nulidad del proceso judicial o sobreseimiento para el ingeniero Luis Vásquez Corro, es lo que solicitan de forma pública los representantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Fundación Justicia y Paz (Funpaz) y el Movimiento de Víctimas de la Violencia e Impunidad.
Durante una rueda de prensa realizada el martes, en los espacios de la UCLA, los integrantes de esas organizaciones defensoras de los derechos humanos, ofrecieron su respaldo al especialista que es objeto de un proceso judicial que vulnera su libertad plena y que fue iniciado tras ofrecer declaraciones sobre la situación del sistema eléctrico nacional.
Nelson Fréitez, vocero ante los medios de comunicación, dijo que el caso de Vásquez Corro constituye un antecedente negativo en el país, por eso “pedimos el pleno restablecimiento de sus derechos humanos, civiles y políticos, a fin de que tanto él como todos los venezolanos puedan, sin ningún tipo de presión, ejercer una labor de orientación y de contraloría ciudadana sobre los servicios públicos de calidad que requiere la población”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos suscribieron una declaración pública en la que exhortan a la Defensoría del Pueblo y al Circuito Judicial Penal del estado Lara, a que realicen las gestiones pertinentes para anular las actas procesales del “injusto, ilegal e insustancial juicio” que a su juicio “viola los derechos consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos suscritos por el Estado venezolano”.
De igual forma, cuestionan la figura de los denominados “patriotas cooperantes”, que son utilizadas como pruebas para abrir expedientes a cualquier ciudadano, por considerar que no se encuentran definidas en ninguna de las normas o leyes vigentes. “También rechazamos la utilización de los órganos de inteligencia y de justicia para perseguir y detener a profesionales que alertan sobre el deterioro en el funcionamiento de áreas vitales del país, como ocurrió en el caso del presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua”.
Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados, rechazó las acciones oficiales que buscan cerrar espacios de acción pública y ciudadana.
“Estas acciones obedecen a una política del Gobierno nacional que busca cercenar la libertad de expresión, algo que rechazamos de forma contundente”.
Blanca Pabón, esposa de Vásquez Corro, agradeció el apoyo ofrecido por las organizaciones de derechos humanos y por los gremios de la región, y expresó que su familia vive en zozobra por el proceso judicial que se mantiene abierto.
