Estudiantes de las principales universidades venezolanas comenzaron el viernes a recolectar firmas para la derogación de una resolución que permite a los militares utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas.
La campaña surgió tras el reciente asesinato de un adolescente en la ciudad suroccidental de San Cristóbal, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza que supuestamente le realizó un policía durante una manifestación.
«Esperamos que en los próximos días el gobierno entienda y asuma la responsabilidad de los asesinatos que están ocurriendo y anule la resolución», afirmó Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Central de Venezuela, al exhortar al Ejecutivo a que derogue la normativa rechazada por organizaciones de derechos humanos y la coalición opositora, que la consideran inconstitucional.
El Ministerio de Defensa emitió el mes pasado una normativa que permite el «uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal», como último recurso en el caso de desórdenes callejeros que representen un «riesgo mortal».
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ha defendido la regulación asegurando que es un «documento hermosísimo de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso».
Iglesias indicó que los estudiantes esperan llevar el proceso de recolección de firmas fuera de las universidades para incorporar a todos los sectores de la sociedad.
«Si este gobierno no responde cumpliendo su responsabilidad como tiene que ser pues entonces vamos a presionarlo por todos los lados», dijo el dirigente a The Associated Press al asegurar que los universitarios, que protagonizaron el año pasado una serie de protestas contra el gobierno, están dispuestos a presionar en las calles para lograr la derogación de la regulación.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, descartó esta semana que el asesinato en San Cristóbal del estudiante Kluiverth Roa, de 14 años, tenga que ver con la referida resolución e indicó que la muerte del joven, que fue condenada por el presidente Nicolás Maduro, se debió a que un policía actuó de manera indebida. El funcionario policial es señalado de presuntamente disparar una bala de goma con una escopeta contra Roa.
Saab dijo que la Defensoría del Pueblo exhortó a hacer un manual de la normativa y a establecer otras precisiones sobre la actuación de la Guardia Nacional en las protestas.
La alianza opositora presentó a inicios de mes en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por inconstitucionalidad y un amparo cautelar contra la normativa. A esta acción se sumaron la víspera cinco organizaciones civiles.
