“El Estado es administrado por un gobierno que no es ejemplo para una sociedad, no aporta ningún valor”
“Esto tiene un final difícil, ¡la reyerta social! es algo espontáneo, no lo genera nadie”
“El presidente que falleció es quien más le hizo daño al pueblo con su discurso violento”
Los elevados índices de violencia que se registran en las calles del país, preocupan a todos los ciudadanos. Cada día, situaciones que conmueven por la crudeza de los hechos, impactan a una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro ante tanta violencia.
En este contexto, el presente trabajo de investigación tiene por objeto profundizar en el diagnóstico y las causas que originan la grave crisis de inseguridad.
Además, examinar los signos de una descomposición social evidente para algunos especialistas en materia de derechos humanos.
Tal es el caso de Rafael Narváez, abogado en derecho procesal penal de la Universidad Central de Venezuela, parlamentario en dos oportunidades en el antiguo Congreso venezolano, y especialista en derechos humanos y asuntos penitenciarios. Narváez, defiende causas humanitarias desde 1987, además dirige una ONG denominada Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles.
El especialista ofreció sus impresiones sobre la actual situación de violencia que vive el país; además de indicar, bajo su perspectiva, las causas del incremento de hechos delictivos.
“El tema de la descomposición social que ha vivido Venezuela en los últimos años es culpa de un Estado que está bajo la administración de un Gobierno, que lejos de ser ejemplo, divide a la sociedad y la llenó de resentimiento social y de venganza”, indicó.
En este sentido, Narváez responsabilizó al desaparecido presidente Hugo Chávez, a Nicolás Maduro y su administración, de convertir los problemas sociales en un tema que dividió al país, “y les hizo creer que la falta de oportunidades de las personas más desposeídas eran responsabilidad de quienes sí contaban con recursos económicos”.
Considera que, de esta premisa, se hizo una política de Gobierno, que ha derivado en una lucha de clases en las calles del país, lo que ha aumentado considerablemente las cifras de los delitos, entre ellos, el homicidio.
Narváez está convencido que la imagen de un Estado debe ser como la de un padre de familia, “que promueve valores y que invita a los integrantes a sentarse en la misma mesa para comer”.
Sin embargo, tiene una opinión muy diferente al rol desempeñado por las autoridades del Ejecutivo nacional durante la última década y media. “Este es un Estado administrado por un Gobierno que no es ejemplo para una sociedad, que no aporta ningún valor”.
El objetivo perseguido por quienes a su juicio desarrollan esta política es la de mantenerse en el poder, “y han logrado un piso duro en los sectores más desposeídos”. Recordó el caso de la denominada ‘lista Tascón’, “que impuso el apartheid político…, si no tienes una gorra roja, no comes”, expresó.
Narváez no considera que el panorama sea alentador de continuar con la actual situación, “esto tiene un final difícil, ¡la reyerta social! Eso no lo conduce nadie, es algo espontáneo, y lo podría desencadenar la falta de insumos”.
Para finalizar, el especialista en materia de derechos humanos indicó que las acciones de violencia en la calle, aunado al temor que sienten los ciudadanos, y la falta de confianza en las instancias del Estado, puede conducir “a una involución del derecho, donde cada persona tomará medidas por sus propias cuentas”.
Situación judicial da muestras de un Estado violento
A juicio de Rafael Narváez, parte de un Estado que fomenta la violencia es aquel que “no le importa la justicia y el retraso procesal que esto produce”.
Es por eso que, según el especialista en derechos humanos, el 70% de los jueces son provisorios, condición que no les proporciona estabilidad laboral, y donde no existe concurso para la ocupación de puesto.
Además, explica que existen fiscales con más de tres mil expedientes y que solo desarrollan aquellos que se hacen públicos y notorios.
Aparte de esto, recordó el caso del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte, quien era presidente de la Sala Penal y a quien se le acusa de recibir dinero proveniente del narcotráfico.
En el estado Lara, la situación que se vive en el Circuito Tribunal Penal no deja de ser preocupante. Pese a los esfuerzos por contactar al doctor César Reyes, juez rector de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, no se pudo obtener información oficial sobre la posible saturación de los jueces con casos de delito.
Sin embargo, de manera extraoficial, se conoció que la plantilla de jueces que conforman el Circuito Tribunal Penal del estado Lara, es el mismo desde que se inauguró este servicio, en 1999.
Un total de 36 tribunales judiciales se encuentran dispuestos para atender la creciente cantidad de casos delictivos que se consignan a diario por parte del Ministerio Público.
Según fuentes cercanas al poder judicial, los jueces no se dan abasto para atender la cantidad de casos que tienen pendientes, lo que provoca el retardo procesal.
Ejemplo de ello, es la situación que se vive en la Comandancia General de la Policía del Estado Lara, así como en los Centros de Coordinación Policial y las estaciones policiales en toda la entidad. Más de 700 reos conviven en las celdas de estas instituciones, y muchos de ellos esperan por la sentencia que determinará si quedan en libertad o son recluidos en un centro penitenciario. De este total, poco más de 70 reos están sentenciados, el grueso de la cifra espera por un sistema judicial colapsado.
Garantes del debido proceso
Pese a que la movilización de los presos sentenciados a sus centros de reclusión es una responsabilidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios, los tribunales y jueces, son los responsables de velar por el cumplimiento del debido proceso.
Es decir, una vez que se ha hecho efectiva la sentencia de un detenido, donde queda expresado el lugar de reclusión, los jueces deben darle seguimiento al caso para que se cumpla cabalmente la sentencia.
Es por ello que, dentro de sus responsabilidades, estaría velar por los sentenciados que aún se encuentran dentro de las celdas del cuerpo policial regional, entendiendo que este poder es autónomo y podría ofrecer contraloría para que el ministerio responsable de los traslados culmine el proceso.
Para Narváez, el poder judicial es un “poder flojo”, refiriéndose a que no cumple con los deberes de brindar celeridad en los casos que debería atender y para asegurarle a los individuos acusados una pronta atención que garantice sus derechos.
Dejan sus diferencias políticas
La realidad nacional en materia de violencia y delitos ha llevado a los componentes de seguridad ha dejar sus diferencias políticas y buscar un fin común: resguardar la vida de los ciudadanos.
Es así como los diferentes componentes de la Dirección de Seguridad y Orden Público (Policía del estado Lara, Servicio de Emergencia 171, Protección Civil) se han integrado a las directrices provenientes de Caracas, desde el conocido Plan Patria Segura, regido por los diferentes Comando Regionales del país, bajo la subordinación del Ejecutivo Nacional; en el caso de Lara, por el número 4, a cargo del General Octavio Chacón Guzmán.
De esta manera, se consolida la comunión de los organismos de seguridad nacional con los regionales, para buscar la reducción del delito.
A pesar del estado de nerviosismo que viven los ciudadanos y de la sensación constante de inseguridad, los números recabados por esta investigación a través del conteo de los casos de homicidios acontecidos en los últimos dos años y lo que va del 2013, y corroborados por cuerpos de seguridad oficiales, se ha logrado constatar que, con relación al año pasado, el número de muertes a causa de homicidio ha disminuido.
En este sentido, los intentos de los organismos públicos por aminorar el avance de los antisociales, pareciera estar dando sus primeros resultados.
En 2011, el año con menor índice de muertes violentas, de acuerdo con los datos recabados en esta investigación, se registraron 825 homicidios; cifra que se incrementó en un 21,05% para el 2012, cuando se registró el trágico récord de 1045 homicidios solo en el estado Lara.
Aunque este año aún no termina, los índices del primer semestre, en comparación al anterior, proyectan un mejor resultado. No obstante, la cifra sigue siendo alarmante con respecto a 2011.
Para ese entonces, desde enero hasta junio, un total de 460 personas habían sido asesinadas dentro de las fronteras larenses. Sin embargo, en 2012, durante este periodo, un total de 596 personas caían a consecuencia de un hecho de violencia, lo que representó un incremento del 22,81% de estos casos.
Para este año, los primeros seis meses resultan ser promisorios en comparación al anterior, puesto que un total de 483 personas han sucumbido a manos de asesinos, lo que refleja una reducción del 18,95% en este delito.
Además, meses como el que acaba de finalizar, por segunda vez en el año, terminan con menos de 70 asesinados, para un total de 68, sólo por encima del mes de febrero que culminó con 65, entendiendo que dicho mes tuvo dos días menos y que la media de asesinatos por mes en el estado Lara, habría alcanzado los 85 casos durante el 2012 y lo que va del 2013.
José Orángel Contreras, director de Seguridad y Orden Público del estado Lara, reconoce la labor que se ha llevado a cabo con la integración de los cuerpos que están bajo su dependencia al plan de seguridad nacional. Sin embargo, indicó que los resultados que se han obtenido en 2013, corresponden simultáneamente al trabajo que se desarrolla desde la administración regional con la puesta en marcha de planes sociales que fomentan el deporte, la cultura y el empleo, «se trata de integrar a la comunidad con los cuerpos policiales a través de la policía comunal, y del desarrollo de actividades a través del plan Cultura, Deporte y Empleo para la vida».
Resultados podrían ser mejores
1500 funcionarios custodian a los presos en las comandancias regionales
Según las declaraciones de José Orangel Contreras, director de Seguridad y Orden Público, así como del comandante de la Policía del estado Lara, comisario Luis Rodríguez, sobre los logros alcanzados bien sea por el dispositivo nacional de seguridad, así como los esfuerzos regionales, ambos coincidieron en que se podrían mejorar estas cifras con la solución a los inconvenientes que dentro de este cuerpo policial se padecen.
Se trata del conocido caso de las personas que se mantienen apresadas en las celdas de la Comandancia General, de los centros de coordinación policial y de las estaciones policiales en todo el estado Lara, quienes suman más de 700 reos.
Orangel Contreras y Rodríguez indican que el número de funcionarios dispuestos para la guarda y custodia de los presos recluidos en las celdas de los diferentes centros policiales del estado, incluyendo la Comandancia General, ubicada en la calle 38 de la capital larense, limitan los alcances que pudiese lograr este cuerpo de seguridad.
Según la máxima autoridad, un total de 1500 funcionarios cuidan a los presos de estas cárceles en toda la región, de los cuales, sólo 1000 deberían ser necesarios para llevar a cabo esta función, si el hacinamiento no fuese la norma.
Las investigaciones arrojaron que una vez la actuación policial, cuando se detiene a una persona en condición de flagrancia o con la presunción de un delito, en 12 horas, el cuerpo de seguridad debe consignar un acta ante el Ministerio Público para que este organismo estudie si se acusa o no al sujeto ante la Fiscalía.
Si se acusare, el último órgano deberá decidir si el individuo en cuestión, queda en libertad, con una medida cautelar (donde se le seguirá un juicio con libertades condicionadas), o si es remitido a un centro de reclusión dependiente del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Este proceso no debe durar más de 48 horas, por lo que las celdas de cualquier policía regional sólo deberían ser un espacio transitorio en la decisión final de un juez, incluyendo las de la Policía del estado Lara.
Como este no es el caso, 500 policías que deberían estar en función de cuidar al pueblo larense, permanecen en las estaciones policiales cuidando a los reos que se encuentran en las celdas, ya que, de escaparse, incrementarían el número de antisociales que se mantienen en libertad.
Tender un puente
A pesar de que Orangel Contreras indica que la situación es bien conocida por Iris Varela, titular del ministerio de los Servicios Penitenciarios, no se ha podido lograr las gestiones necesarias para que los reclusos que ya tienen una sentencia y una orden de traslado hacia uno de los centros de reclusión, fuesen movilizados de manera efectiva.
«Se le ha hecho un llamado por los medios de comunicación, se les ha consignado diferentes oficios a los órganos nacionales, inclusive a los organismos de los derechos humanos, pero no hemos podido trasladar al menos a los que ya tienen sentencia», explicó Contreras.
El responsable del organismo regional indicó que dicha realidad afecta a los reos, ya que muchos de ellos permanecen dentro de estas instalaciones durante varios meses, inclusive años: «tenemos, en algunos casos, presos que tienen hasta dos años dentro de una comandancia, encerrados todo el día y la noche en una celda, donde se les viola el debido proceso, el derecho a la educación, al trabajo, al deporte, inclusive el derecho a la vida, ya que, de ocurrir una reyerta, serían varios los muertos», relató.
En el afán de encontrar la solución para este problema, Contreras indicó que recientemente, el 12 de julio, se sostuvo un derecho de palabra en el Consejo Legislativo del Estado Lara, ante el diputado Reimundo Vale, presidente de la comisión de Derechos Humanos y Ambientales del poder regional, por lo cual se aspira conseguir una pronta intervención del hacinamiento. «Fue un acercamiento muy cordial», expresó de forma esperanzada.
La solución esta clara para el representante de la seguridad en el estado Lara, y es la de una conversación con la ministra Varela, para determinar las soluciones y conseguir los traslados, al menos de los que ya tienen sentencia por un juez, «si conocemos los problemas y sabemos qué sucede, vamos a buscar una solución», exhortó. Además, dijo que para acabar definitivamente con la actual situación carcelaria, es necesario realizar el diagnóstico de las condiciones de los centros penitenciarios en el país, de las comandancias regionales, y de los procesos judiciales que se llevan a cabo.
Por último, y como aval de sus palabras, recordó las recientes declaraciones del director de la Policía Municipal, Wilmer Pifano, quien indicó que padecen del problema de hacinamiento en sus cárceles, «dijo que tenían un local apto para retener a 4 personas, y tienen a 8».
Se suma el 171
Por su parte, el Servicio Autónomo de Emergencias 171, organismo dependiente de la Dirección de Seguridad y Orden Público, dirigida por el coronel Edilberto León Carrillo, se encuentra en trabajo conjunto con los demás organismos dependientes de la Gobernación por la seguridad de los ciudadanos, y adheridos al plan de seguridad denominado Patria Segura.
Así lo dio a conocer el responsable de este servicio quien, además, hizo público los resultados que se han obtenido en el primer semestre de este año, que coincide con los primeros seis meses de su gestión.
León Carrillo indicó que un total de 2.553 delitos han sido reportados al servicio de emergencias telefónicas, de los cuales 201 han sido por casos de homicidios con arma de fuego, 147 heridos por la misma vía, 1085 robos de vehículos, 643 hurtos de autos, entre otros hechos delictivos.
Iribarren y Palavecino son los dos municipios con más reportes hechos por los ciudadanos, Jiménez el tercero de ellos. Urdaneta y Andrés Eloy Blanco son los dos municipios con menores reportes de hechos, con 2 y 5, respectivamente.
El director de este servicio fue enfático al hacer la salvedad que no todos los casos de homicidios que se registran en la entidad, son denunciados al servicio que representa. Sin embargo, los casos de robos y hurtos, sí se registran de forma mayor a través del 171, “por la facilidad que representa marcar tres números”, explicó.
Para finalizar, indicó que la seguridad del ciudadano es lo más importante para el organismo, de ahí que se hayan hecho los esfuerzos coordinados con las instancias nacionales.
