Las consecuencias de las erradas políticas económicas son cada vez más evidentes. Desde el año 2009 cuando se inició la ola de expropiaciones y nacionalización de importantes empresas productoras de alimentos en el país, así como la imposición del control de precios en los productos de la cesta básica, comenzó la debacle en el comercio local, con la desaparición de insumos necesarios en la vida cotidiana del venezolano.
Con el pasar de los años, el problema se ha agravado, sin que el Gobierno logre frenar esta problemática. Ha impuesto mayores controles que en nada contribuyen a que el desabastecimiento y la escasez se solventen.
El pasado jueves, en cadena nacional, el Presidente anunció la prohibición de la venta de alimentos y productos regulados por parte de la economía informal, para atacar la especulación de precios en productos con alta demanda.
Para el profesor y economista Gerardo Álvarez, la medida se esperaba desde hace largo rato, en particular los sectores económicos formales que veían con impotencia cómo los productos eran revendidos impunemente en las calles de las diferentes ciudades del país.
Sin embargo, destacó que al menos 48% de la población utiliza el comercio informal para poder sobrevivir y no será nada fácil poner un control a este comercio callejero.
“El 50% del tejido industrial ha bajado sus santamarías como consecuencia de la política controladora, normativa y sancionatoria del Gobierno que ha perjudicado la producción nacional, dejando además a gran parte de la población sin la posibilidad de ejercer un trabajo formal y obligándolos a incursionar en la economía informal”.
El comercio informal es un sector políticamente sensible para el Gobierno, al punto de que la Ley de Costos y Precios Justos sancionaba a los empleos formales, mas no a los informales, hasta el esperado anuncio presidencial.
Mucho por hacer
Además de ello, el especialista asegura que aún queda mucho por hacer para normalizar la situación económica del país.
“La informalidad se ha robustecido, es mayor cada año y sobre todo en los últimos meses cuando las navidades se acercan. Es una distorsión de la economía venezolana que era necesario regular y reglamentar”.
También se ha generado un descalabro en el sistema de distribución de bienes y servicios.
“Controlar la totalidad del mercado informal, que alcanza casi la mitad de la población, es una tarea titánica y debe ser un trabajo constante”.
Por otra parte, Álvarez destacó que la medida anunciada es correcta pero no suficiente. Se debe incluir una política de incentivo para la producción nacional.
“Se están atacando las causas pero no las consecuencias de la escasez, como lo son el desabastecimiento, la falta de producción nacional y la ausencia de incentivos para que la producción venezolana salga a flote. De catorce mil establecimientos productivos hoy en día sólo quedan siete mil. Es impostergable que el Gobierno trabaje por incrementar la producción mediante el acuerdo y el diálogo serio con el sector privado y formal de la economía, que son los que generan el empleo decente y de calidad”.
La precariedad del empleo se ha generalizado en el país como consecuencia de las erróneas decisiones de política económica que el Gobierno ha tomado en materia de precios y producción nacional, indicó el economista.
“No es sólo un problema económico, es un problema social. La economía informal debe abordarse incentivando la creación de empleos que puedan cubrir esas demandas e incluir a una población cautiva y desasistida que ayude a erradicar la pobreza y el empleo precario”.
