La sociedad venezolana en pleno está invitada a debatir, analizar y reflexionar sobre los resultados arrojados por la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, realizada gracias a un esfuerzo conjunto de los académicos pertenecientes a la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Un estudio de carácter social que evidencia la existencia de un franco deterioro en las condiciones de vida en distintas áreas: pobreza, empleo, vivienda, salud, educación, seguridad ciudadana y personal, pensiones, entre otras.
El estudio, que pretende ofrecer orientaciones en materia de políticas públicas, es coordinado por Marino González, profesor de la USB y director de la Unidad de Políticas Públicas y por Anitza Freites, profesora de la UCAB y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, y fue dividido en áreas temáticas desarrolladas por especialistas de destacada trayectoria en el país: Luis Pedro España, de la UCAB, en el área de pobreza y programas sociales; Roberto Briceño-León, docente de la UCV y miembro del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO, en tema de la seguridad personal; Genny Zuñiga, profesora de la UCAB, en área trabajo; el tema de nutrición y alimentación a cargo de Maritza Landaeta, de la USB y de Marianella Herrera, de la UCV; el área de la salud bajo la responsabilidad de Marino González y Elena Rincón, ambos de la USB.
El tema educativo fue desarrollado por Anitza Freites, de la UCAB; el área de pensiones, por Ricardo Villasmil, de la UCAB; vivienda y servicios por Alfredo Cilento de la UCV; y la vulnerabilidad físico ambiental fue abordada por los expertos Ángel Rangel de la UCAB, Jesús González y José Huerta, de la UCV.
Según Zúñiga la encuesta se realizó a un total de 1.488 familias constituidas por unas 5.700 personas, y fue desarrollada entre agosto y septiembre de 2014.
A la fecha se ha divulgado y debatido parte de los resultados en dos de tres foros previstos para tal fin. El 29 de enero se realizó el primer foro en la UCAB, en el que se abordaron los resultados arrojados en las áreas de empleo, vivienda, pobreza y programas sociales.
El segundo foro se llevó a cabo en la UCV e incluyó la presentación de los temas de seguridad personal, índice de vulnerabilidad ciudadana ante amenazas naturales y pensiones. El tercer foro está previsto a realizarse a mediados de abril en la USB.
La importancia del esfuerzo de la academia radica en que el hecho de que el país llevaba alrededor de 16 años sin realizar una encuesta social para conocer, en cifras, la situación de sus habitantes.
Según los autores de la encuesta, cuyos documentos se encuentran disponibles en las páginas web de la UCAB y la USB, “el último gran esfuerzo de levantamiento de una encuesta social se hizo, desde el sector público en 1998, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y los ministerios del gabinete social, con la asesoría de destacados expertos provenientes de nuestras universidades. Se esperaba en ese momento que la información emanada de dicha encuesta sirviera de línea base para el nuevo gobierno que entraba en funciones en 1999.
Pero, la encuesta social de 1998 no sólo fue escasamente tomada en cuenta sino que transcurrieron 16 años sin que el país conociera de un estudio similar, hasta ahora que se presenta este producto del esfuerzo coordinado entre nuestras tres universidades”.
Destacan que en la mayoría de los países estas iniciativas surgen y son responsabilidad del sector público, con apoyo del sector académico para el diseño y algunos análisis.
“Sin embargo, se impone la necesidad de contribuir desde la academia con la generación de este tipo de información, dado que no contamos en Venezuela con un sistema nacional de estadísticas que permita efectuar el seguimiento oportuno y permanente de las condiciones de vida de la población, así como del impacto de los programas orientados a mejorar el acceso a servicios sociales y a cubrir los requerimientos de los grupos vulnerables”.
Miedo y desconfianza
El tema de la Seguridad Personal fue desarrollado por Roberto Briceño León, encargado del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), quien en el informe de la investigación realizada a propósito de la encuesta social, destaca que entre las condiciones de la vida de una población es relevante la seguridad porque implica: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a una vida libre de miedos y el derecho a la libertad.
Sin embargo, los resultados de la consulta arrojaron que entre los encuestados existe:
-Una percepción y una realidad de victimización.
-Los venezolanos tienen miedo y restringen sus actividades cotidianas por miedo a ser víctimas.
-Los venezolanos no confían en la policía ni en el sistema de justicia penal.
-Las personas sienten más protección de sus vecinos que de la policía.
-Las personas no quieren negociar con los bandidos, sino que se les aplique la ley.
-Las personas no tienen confianza en la capacidad del gobierno de ofrecerles seguridad.
Además, de forma cuantificable el experto concluye que ocho de cada diez venezolanos considera que la violencia ha aumentado en el país, en el último año. De igual forma, en uno de cada cuatro hogares consultados hubo una persona víctima de un delito, y seis de cada diez delitos sufridos no son reportados a la policía.
Algunos resultados por áreas
-Empleo: El 36% de los venezolanos trabaja para el sector público mientras que el 26% lo hace para el sector privado de la economía. El 17% se califica como vendedores y el 13% trabajadores de menor rango, es decir, un tercio de los ocupados se ubican en empleos de muy baja calificación. El 37% de los venezolanos considerados ocupados son trabajadores informales.
Además, seis de cada 10 trabajadores no tienen estabilidad laboral lo que atenta contra sus condiciones de vida y por ende existe para ellos una alta probabilidad de quedar desempleados en un contexto sin institucionalidad que lo respalde (seguro por desempleo, por ejemplo).
En promedio, los ingresos en Venezuela independientemente de la categoría ocupacional se ubican cerca del Salario Mínimo de referencia.
Se recomienda diseñar políticas de empleo orientadas a atender grupos en condiciones de vulnerabilidad: jóvenes y mujeres, además de promover una verdadera relación entre salarios y niveles de productividad.
-Pensiones: La cobertura del sistema es de 52.7% (de la población en edad de obtener una pensión) y su alcance disminuye en los sectores más pobres y con menor nivel educativo.
