En artículos previos he intentado explicar algunos tópicos relacionados con la coyuntura económica y con los problemas de política económica derivados de la difícil situación en la que estamos inmersos. En esta oportunidad me gustaría cambiar el contenido para pretender analizar un tema que generalmente pasa por desapercibido a la hora de tomar decisiones de política publicas encaminadas a enfrentar precisamente los problemas económicos. Para ello debemos remontarnos al concepto social de economía.
Lionel Robbins a comienzos del siglo pasado, desarrollo una nueva concepción de la economía y la definió como “la ciencia que estudia las formas del comportamiento humano que resultan de la relación existente entre las necesidades ilimitadas y los recursos escasos….” Lejos de creer que la economía es una ciencia matemática dominada por algoritmos, ecuaciones y proyecciones econométricas es ante todo una ciencia social , pues estudia tanto la conducta social del individuo como de quienes toman las decisiones a fin de corregir su rumbo. De hecho, existe una rama de la economía denominada “economía del comportamiento” que se dedica a estudiar las razones por las cuales se observan decisiones que podrían ser calificadas de “irracionales” al compararlas con las que ocurrirían bajo un esquema “racional”. Según el Diccionario Razonado de Economía (Esteves 2001) “racionalizar es el acto de adoptar consideraciones lógicas para lograr la explicación de un fenómeno o seguir una conducta “. En economía se habla de conducta racional, desde el punto de vista del individuo, cuando busca maximizar su satisfacción como consumidor, como productor cuando escoge los métodos más eficientes para producir y como Estado, cuando sus decisiones se adoptan a una lógica económica que no admite discusión. Lamentablemente, este no es el caso de nuestros tomadores de decisiones de política económica en nuestro querido país. Veamos algunos casos. En el mes de diciembre de 1999 se aprobó la Constitución Nacional vigente, en cuyo articulado se le otorgaba al Banco Central de Venezuela rango constitucional por primera vez en su historia. En el artículo 320, por ejemplo, se señalaba que “en el ejercicio de sus funciones no está subordinados a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”. Podríamos señalar que esta decisión tiene lógica económica. Tanto es asi, que casi todos los países del mundo la han acogido en sus respectivas leyes. Sin embargo, en julio de 2005 se cometió el más craso error histórico en materia monetaria, cuando comenzó en un acto de “irracionalidad económica “ a modificar la Ley del Banco Central de Venezuela al crear una figura nunca antes existente denominada “Reservas Excedentarias“, mediante la cual todo exceso de las Reservas Internacionales sobre 24.000 millones de dólares serian retirados del BCV y trasladados a unos fondos especiales que serian manejados directa y discrecionalmente por una sola persona, el Presidente de la República. A nuestro juicio, esta fue una decisión desprovista de “lógica económica “que hoy en día estamos pagando las consecuencias. Si esa medida no se hubiera tomado, nuestras Reservas Internacionales serian probablemente las más elevadas de América Latina y nuestra moneda no estaría tan devaluada.
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha sido producto de una continua y sistemática desviación de sus propios recursos financieros por parte del Ejecutivo Nacional para fines muy distintos y distantes de su actividad medular que es la producción petrolera. Los compromisos adquiridos con China y Petrocaribe, incluyendo Cuba hacen que al país le dejen de entrar 2.2 millardos de dólares mensuales (El Nacional dixit) y el financiamiento de Pdvsa a las misiones y otros gastos irreproductivos la han colocado en una situación de minusvalía económica. Esta es otra decisión impregnada de” irracionalidad económica“, no solo porque la estatal petrolera se ve agobiada por un déficit permanente que lo financia indebidamente el instituto emisor, si no que adicionalmente ha mermado su capacidad de producción, producto de la ausencia de inversión en equipos y en mantenimiento en momentos tan cruciales como estos, cuando el precio del barril del petróleo ha llegado a sus niveles más bajos en los últimos diez años.
Otra de las grandes paradojas de la economía venezolana de los últimos quinquenios han sido los niveles de endeudamiento público. Nuestra economía resulta ser una de las más controversiales del planeta donde La “lógica económica “pierde todo sentido de “racionalidad“. No se justifica, bajo ningún pretexto, que a pesar de la inmensa y extraordinaria cantidad de recursos financieros provenientes de la venta de petróleo en los últimos quince años, los mismos no se hayan canalizado a solucionar los ingentes problemas que enfrenta nuestro país y lejos de ello, nos encontramos ante una crisis económica de la cual no resulta tarea fácil solventarla a corto plazo. Es importante subrayar que la crisis se enquista en nuestra economía mucho antes de la disminución de los precios petroleros, como lo hemos explicado en anteriores entregas.
Estos elevados niveles de endeudamiento, tanto interno como externos, que según cálculos de los analistas económicos se ubican en una tercera parte del Producto Interno Bruto (hablamos de más de 150.000 millones de dólares a finales de 2014) comprometen el flujo de caja del Gobierno que prácticamente ha tenido que hacer “malabares financieros” que hemos presenciado este año para poder honrar los elevados compromisos de la deuda externa y evitar así el peligro de caer en una cesación de pagos internacionales, de consecuencias devastadoras para nuestra economía.
Otra de las medidas de política económica que carecen de “lógica económica“ es la tendencia a un déficit fiscal permanente, producto de que el gasto público en los últimos cinco años, por decir lo menos, ha sido superior a los ingresos públicos, generando un déficit promedio en ese lapso de 15 puntos del Producto, con el agravante de que este año rondara el 20% del PIB, por razones imputables a la disminución de los precios petroleros y no haber alimentado en los años previos el llamado Fondo de Estabilización Macroeconómico que se había creado a tales fines. La irracionalidad económica de este abultado déficit fiscal es que en él se incurrió al mismo tiempo que los precios de los hidrocarburos alcanzaban sus niveles históricos más elevados de toda su historia. Lamentablemente, estos déficits han sido financiados con emisión inorgánica de dinero proveniente de un cada vez más debilitado Banco Central de Venezuela.
No podríamos dejar por fuera la “irracional “ medida de mantener en una economía cinco tipos de cambio: tres oficiales y dos no oficiales (Cencoex a Bs. 6.30, Sicad a Bs. 200, el implícito a Bs. 170 y el paralelo superior a Bs. 700). En ningún país del planeta ocurre una extravagancia de esta magnitud. La “lógica económica “pierde sentido en los intersticios de esta desmedida decisión.
En conclusión , podríamos inferir, a la luz de las consideraciones anteriores , que las medidas de política económica que se han tomado, al menos, en los últimos diez años han carecido de “racionalidad económica”, puesto que no solo no han podido resolver los ingentes problemas económicos que ha atravesado nuestro querido país, si no que las han conducido a una crisis económica, caracterizada, entre otros elementos, por una caída importante del Producto Interno Bruto en el año 2014 que según el Banco Central cerro en 4.8% y una tasa de inflación promedio cercana al 70%, lo que se traduce en una estanflación económica, en medio de una clara situación de desabastecimiento y escasez de bienes e insumos de toda índole, acompañada de unas muy bajas reservas internacionales liquidas, una disminución sustantiva de la inversión privada nacional e internacional, en medio de una permanente situación de controles de precio, de inamovilidad laboral, de control de cambio, de controles en el consumo de la población y en la distribución de bienes hacia el mercado, de pérdidas cuantiosas en casi todas las empresas expropiadas o nacionalizadas así como en las empresas de carácter público.
Lamentablemente, a pesar de esta crítica situación, no se tomaron a tiempo las medidas que debieron haberse tomado, como consecuencia de una fuerte resistencia política e ideológica del Gobierno, producto de un modelo socialista que por cierto no aparece en ningún o de los 3.560 artículos de nuestra Constitución.
