El próximo viernes, a las 10 de la mañana, será instalada en la Inspectoría del Trabajo, la mesa de conciliación entre representantes de la Coalición Sindical de educadores regionales y la gobernación de Lara. La administración regional tiene hasta la citada fecha para cumplir los servicios mínimos que exigen más de 4.000 docentes activos, sino será el Ministerio del Trabajo que directamente dictamine la resolución del pliego de carácter conflictivo.
Orlando Herrera, representante de la Coalición Sindical, informó que el pasado lunes se pusieron a derecho conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), donde se señala la conformación de una junta de conciliación conformada por dos representantes y un suplente.
“Nuestra junta está conformada por los profesores Hilda Peña, Freddy Naranjo y mi persona, quienes estaremos reunidos junto al inspector regional del trabajo, directivos de la gobernación y representantes de la Procuraduría a fin de hacer cumplimiento al amparo constitucional sentenciado por el Tribunal Contencioso Administrativo, cuya resolución obliga al ejecutivo regional la cancelación de la homologación salarial”.
Asimismo, la gobernación tiene la obligación de conformar su junta conciliadora con dos representantes y un suplente.
“Luego del otorgamiento del pliego con carácter conflictivo, la Inspectoría expuso un auto donde se declara que los trabajadores gozan de inamovilidad laboral durante el tiempo de conflicto, por tanto nadie podrá ser despedido, trasladado ni desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa previamente calificada por el inspector del trabajo”, explicó.
Añadió que el magisterio larense es el peor pagado de todo el país, puesto que todas las entidades regionales cumplieron con la homologación decretada el pasado 10 de diciembre por el Presidente de la República.
Dirección de Educación no ha sido notificada
Por otra parte, Mauro Ballestero, director sectorial de Educación, informó que la institución no ha sido notificada sobre la conformación de la junta conciliatoria. Sin embargo, reconoció que se ajustarán a derecho, tal y como lo establezca la Ley.
“Nosotros comprendemos que los docentes no perciben una remuneración acorde a su labor profesional, pero deben entender que no disponemos del dinero suficiente para cancelar la homologación. Realmente estamos preocupados por el futuro del 25% de la matrícula escolar, que no cuentan con los requisitos mínimos exigidos por el ministerio para que los infantes puedan ascender de grado”, argumentó.
“Todo este problema es generado por los educadores, quienes deben entender que los derechos de los niños están por encima de los demás”, reiteró.
